El Parlamento británico arrincona el 'informe Nolan' sobre la corrupción

Un agrio y largo debate parlamentario demostró el jueves que los diputados del Partido Conservador británico no están dispuestos a aceptar sin lucha algunas de las recomendaciones contenidas en el informe Nolan para evitar nuevos casos de corrupción. El aspecto que más resistenciaencontró en la Cámara de los Comunes fue la sugerencia de que sus miembros se comprometan a revelar sus ingresos externos. Ante las dimensiones del malestar tory, el líder de la Cámara, el conservador Tony Newton, dio con la fórmula mágica: un comité parlamentario restringido lo estudiará de nuevo.

El comité especial de la Cámara de los Comunes emitirá su veredicto sobre el informe Nolan en un plazo todavía no precisado. Una decepcionada Ann Taylor, líder del grupo parlamentario laborista, expresó el sentir de la mayoría de sus compañeros de partido al señalar que la decisión de Newton se parece extraordinariamente a una maniobra dilatoria. Pero con la mitad de las filas conservadoras clamando contra el informe Nolan y recordando que, después de todo, la creación de la comisión fue cosa del primer ministro, cualquier otra solución podría haber tenido consecuencias nefastas para John Major.Todo parece indicar que Major se ha pillado los dedos con su intento de regeneración política y, nuevamente, tendrá que enfrentarse a las iras de sus compañeros de partido. El pri-' mer ministro no se atrevió ni siquiera a defender completamente el informe ante la insistencia del líder de la oposición, Tony Blair, alegando que correspondía a los miembros de la Cámara emitir un dictamen.

Bajo sospecha

Antes de que el, debate parlamentario arrancara, las manifestaciones del veterano ex primer ministro conservador Edward Heath contribuyeron a caldear el ambiente. Heath, indignado ante la idea contemplada por el informe de que una figura ajena a las Cámaras se constituya en supervisor de la conducta de las mismas, arremetió duramente contra el informe. "La actitud general hace 45 años", clamó Heath, "era considerar a cada parlamentario una persona íntegra. Ahora cada miembro de esta Cámara es objeto de sospecha." Pero a lo largo del posterior debate quedó claro cuál es el punto realmente conflictivo del informe Nolan: su insistencia en que deben revelarse las fuentes de ingresos exteriores de los parlamentarios británicos. El informe parece haber puesto el dedo en la llaga y, probablemente, no de forma ingenua.

Después de todo, algunos de los más llamativos casos de corrupción parlamentaria revelados el año pasado se produjeron en esa zona de sombra que proyectan los lobbies en torno al palacio de Westminster.

Dos viceministros se vieron obligados a dimitir entonces después de conocerse su vinculación con un grupo de presión que trabajaba en favor de los intereses del financiero egipcio Mohamed al Fayeh.

El ministro de la Función Pública, David Hunt, que también intervino ante la Cámara, no tuvo reparo alguno en aceptar otras recomendaciones, como la cuarentena de dos años a la que podrían tener que someterse los ministros que quieran pasaí a la empresa privada tras abandonar su cargo oficial.

Tampoco establecer un mayor control para los nombramientos por parte del Gobierno en las denominadas organizaciones quasi no gubernamentales que manejan grandes sumas de fondos públicos por encargo del Ejecutivo, ofrecería mayores dificultades, según Hunt. Sólo la clarificación de las finanzas de los diputados se reveló como un obstáculo insalvable para la aceptación del informe Nolan por parte de los parlamentarios.

El debate del jueves representa un enorme fiasco para el primer ministro. Para empezar, la idea de establecer el comité de diez hombres buenos para analizar la salud moral de la vida pública británica, fue del propio John Major. Y lo cierto es que, en su día, fue acogida con entusiasmo general.

En octubre del año pasado y con el Gobierno conservador hundido en el lodo de corruptelas de todos los tamaños, la decisión de Major gozó del beneplácito general.

La cuidadosa elección de las diez personalidades -el juez Michael Nolan fue designado para presidirla- le pareció equilibrada a todo el mundo. Sin embargo, mientras muchos estaban convencidos de que se trataba de una mera operación de imagen destinada a producir un mero resultado teórico, la comisión se obstinó en tomarse en serio la tarea. Algo que una parte de los miembros del Parlamento británico no parece estar dispuesta a aceptar.