Un directivo expulsado del Cesid, testigo clave de Mario Conde en el 'caso Crillon'

Juan Perote Pellón, de 56 años, coronel del Ejército de Tierra en la reserva, es la última carta jugada por el ex presidente de Banesto Mario Conde en su batalla jurídica contra el Gobierno. Su nombre figura en la lista de testigos que los abogados del banquero han presentado al juez del Tribunal Supremo Eduardo Moner, instructor del caso Crillón. Desconocido para el gran público, la inclusión de Perote entre los testigos de Conde ha encendido las luces de alarma en Moncloa, el Ministerio de Defensa y el servicio secreto Cesid.

Juan Perote ha sido uno de los más destacados directivos del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) durante los últimos años. Se incorporó al centro de inteligencia en mayo de 1981, coincidiendo con el nombramiento de su actual director, el teniente general Emilio Alonso Manglano, a quien el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo encargó la reorganización del centro, salpicado por la intentona golpista del 23-F.Diplomado en Operaciones Especiales, Formación Física, Tropas de Montaña, Paracaidismo e Inglés, entre otras materias, Manglano, lo incluyó en su reducido círculo de confianza y le encomendó el puesto más delicado del Cesid: el mando del Grupo de Apoyo Operativo, integrado por la élite de los agentes secretos, que se encarga de realizar las misiones clandestinas, en el borde (más en el de fuera que en el de dentro) de la legalidad.

Tras diez años en el centro, Perote lo abandonó abruptamente en 1992. Manglano prescindió de sus servicios tras reunirse con Juan del Río, jefe del servicio de seguridad del Cesid.

"Aunque se habló de que el motivo podía haber sido algún problema financiero, la verdadera causa sólo la conocen unos pocos agentes y sus labios están sellados", afirma Fernando Rueda en su libro La Casa, primer estudio publicado sobre el servicio secreto español.

El dinero para Kroll

No se le abrió expediente, pero Perote, entonces teniente coronel, pidió el pase a la reserva transitoria y, tras ascender a coronel, obtuvo un puesto como asesor de seguridad del presidente de la empresa pública, petroquímica Repsol, Óscar Fanjul.

La brusca salida de Perote del Cesid concidió con la época en que, según Luis Roldán, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, le encargó el informe Crillon -nombre del hotel de París donde supuestamente se realizaron los contactos- sobre las actividades de Mario Conde, que habría sido pagado con dinero procedente de los fondos reservados del servicio secreto

La importancia del testimonio de Perote radica en que, hasta ahora, nadie ha acreditado la versión de Roldán de que efectivamente el informe Crillon se financió con cargo al Cesid; elemento fundamental para acreditar la acusación de malversación de caudales públicos que se dirige tanto contra Serra como contra el ministro de Defensa, Julián García Vargas.

El ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal declaró el pasado 4 de mayo ante el Tribunal Supremo que encargó, a petición de Roldán, a la agencia de detectives Kroll la investigación sobre Mario Conde y que le entregó 67 millones de pesetas en pago por el informe Crillon. Sin embargo, Sancristóbal aseguró desconocer quién ordenó a Roldán que encargase el informe y de dónde procedía el dinero con el que se pagó.

Fuentes gubernamentales sospechan que el objetivo de Conde es que Perote testifique que los 67 millones salieron de los fondos reservados del Cesid, aunque están seguras de que no podrá demostrarlo documentalmente. Las mismas fuentes dan por sentado que existe algún tipo de acuerdo entre el ex agente secreto y el banquero y que el segundo ha dado su consentimiento para ser incluido en la lista de testigos de la acusación.

EL PAÍS ha intentado ponerse en contacto con Perote desde el viernes por la tarde, para conocer su versión, y le consta que ha recibido el correspondiente aviso, sin contestar al mismo.

En comparación con el antiguo agente secreto, los otros nueve testigos citados por Conde -él mismo, Serra, García Vargas, los ex ministros José Luis Corcuera y Carlos Solchaga, Manglano y tres periodistas de El Mundo, incluido su director- son de puro trámite, pues no pueden aportar nada a la causa o, de hacerlo, se autoinculparían.

El juez Eduardo Moner no ha aceptado todavía el propósito de Conde de personarse como perjudicado en el caso Crillon, en el que coinciden los intereses del banquero y del ex director general de la Guardia Civil. Para el primero -como para Luis Roldán en el asunto de los papeles de Laos- se trata de demostrar que la intervención de Banesto se basó en información obtenida ilegalmente y que, en consecuencia, todo el procedimiento está viciado de origen.