Las condenas se suspenderán cuando se produzcan dilaciones indebidas

Los jueces y los tribunales que pidan el indulto para el reo suspenderán la ejecución de la condena impuesta cuando se aprecie "que por el cumplimiento de la pena pudiera resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ( ... ), en tanto no se resuelva sobre la petición formulada". Ésta fue la modificación introducida ayer por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados en el proyecto de Código Penal, del que dictaminó los nueve primeros artículos.La modificación se produjo en el título preliminar, dedicado a las garantías penales y la aplicación de la ley penal, que prevé que los jueces o tribunales expongan al Gobierno la derogación o modificación del precepto aplicado o la concesión del indulto, "sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia". La enmienda, aprobada por 20 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones del PP, tras una negociación de IU y el PSOE, obligará a los jueces a suspender la ejecución de la pena cuando aprecien que su cumplimiento vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones, caso frecuente en la justicia española.

Previamente a la discusión de los preceptos, el presidente de la comisión, el socialista Javier Saenz Cosculluela, toleró un debate general que puso de maniflesto, los objetivos contrapuestos en materia penal del PP e IU, mientras CiU se unió al PP en defensa del cumplimiento efectivo de las penas y el PNV propugn6 la reinserción como su, único sentido constitucional". En el centro, el PSOE aboga por la reinserción, pero recordó que "el cumplimiento efectivo de las penas se aplicará mejor cuando entre en vigor el nuevo código".

¿13.000 presos a la calle?

Desde el PP, Fedérico Trillo, tras admitir las "sensibles mejoras" introducidas sobre el proyecto de 1992 -frustrado por la disolución de las Cortes-, expuso que, para el PP, la máxima preocupación proviene de que la reinserción social sea el fin primero o exclusivo del sistema de penas, así como de la pluralidad de sanciones previstas, además de la de cárcel. En cuanto a ésta, defendió "el cumplimiento efectivo, que no es igual que íntegro", dijo. Lanzó la cifra de 13.000 presos que saldrían a la calle, se gún fuentes penitenciarias, en aplicación del nuevo código.

Diego López Garrido, diputado de IU, dijo que no existe "ningún cálculo fiable" que avale esa cifra, entre otras cosas "porque el nuevo código endurece las penas para los delitos pequeños y suprime la vigente redención de penas por el trabajo". Recordó que la Constitución exige que tales penas se orienten "hacia la reeducación y reinserción social". El portavoz del PSOE, Javier Barrero, calificó de "alarmista y demagógica" la andanada de Trillo, a quien acusó de electoralismo. Las respuestas de la izquierda suscitaron la réplica de Trillo, quien moderó su discurso y se mostró partidario de "huir de los extremos".