Rodríguez Galindo admitió por escrito indicios de corrupción en Intxaurrondo
El máximo responsable de la 513ª Comandancia de la Guardia Civil, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, reconoció por escrito en mayo de 1988 la existencia de indicios de corrupción en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián). En un informe remitido a la dirección del instituto armado, Rodríguez Galindo comunicó que cuatro contrabandistas de la zona habían detallado vínculos delictivos con al menos ocho guardias bajo su mando.
Rodríguez Galindo explicó que no existía posibilidad de aportar pruebas sobre la implicación de los guardias en los delitos, pero, no obstante, propuso "que causen baja inmediata en esta unidad y sean trasladados a otras donde no puedan tener ninguna relación con personas o actividades de este tenia". Esta denuncia afectaba a agentes investigados por elementos del instituto armado desde semanas atrás.El informe de Rodríguez Galindo se elaboró apenas un mes después de que un grupo del servicio de información de la Guardia Civil al mando del capitán Juan Miguel Castañeda Becerra iniciara investigaciones en círculos de contrabandistas de la zona de San Sebastián para tratar de captar informadores útiles en la lucha anti-ETA.
El trabajo del servicio de información culminaría posteriormente en el denominado informe Navajas (que desveló supuestas conexiones entre narcotraficantes y guardias civiles, incluido el teniente coronel Rodríguez Galindo) y en la Operación Arca de Noé, por la que la propia Guardia Civil torpedeó la investigación (ver EL PAÍS del día 28 de abril).
Los cuatro contrabandistas citados en el informe del entonces teniente coronel Rodríguez Galindo en mayo de 1988 son "un tal Iñaki Ayerbe", "otro llamado Arruti", "un tal Antonio, natural de Cáceres", y "otro apodado Berri". De acuerdo con el relato que Rodríguez Galindo realiza en el informe con número de referencia ERG/are núm. 2439, en mayo de 1988, dos individuos (Ayerbe y Arruti) propusieron al guardia segundo J. G. R. O., destinado en la localidad guipuzcoana de Behobia, colaborar en la introduccíón de 20.000 cajas de tabaco de contrabando a través del puerto de Pasaia.El guardia segundo comunicó el ofrecimiento a sus superiores, que decidieron profundizar en la investigación, siempre según el relato de Rodríguez Galindo. Así llegaron a conocer que los guardias supuestamente relacionados con los contrabandistas recibían por su colaboración entre 1.500 y 2.000 pesetas por caja de tabaco trasladada con éxito. La investigación fue comunicada al Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián.Sin comprobar
"Al margen" de la investigación, detalla Rodríguez Galindo, se obtuvieron "una serie de informaciones que no tienen ningún valor judicial", aportadas voluntariamente por los contrabandistas y "que no pueden ser comprobadas [el informe no explica por qué]". Dichas informaciones, por su fuente de procedencia "y su importancia y su gravedad", detallaba el informe, "hacen que exijan un extremado cuidado y delicadeza" con los implicados. La prevención del teniente coronel se debía a que "de ser ciertas, supondrían un grave perjuicio para el cuerpo de la Guardia Civil".
A continuación, el documento redactado por Rodríguez Galindo detallaba los guardias sobre los que recaían sospechas de actividades ilegales. Algunos de ellos aparecerían posteriormente mencionados en el informe del fiscal Luis Navajas, que fue torpedeado por la propia Guardia Civil, dada la vinculación de algunos de ellos con "acciones clandestinas" anti-ETA.
La relación de guardias presuntamente vinculados a redes de contrabando y narcotráfico se inicia con el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, procesado por torturas. Del mismo se afirma que, según el relato de los contrabandistas, continuaba con actividades de contrabando de hachís en su nuevo destino (Sagunto).
La lista de guardias presuntamente relacionados con redes de contrabando continúa con los sargentos José Guisado Femández y José de la Peña Fernández. Al primero se le vincula en el informe con el clan de contrabandistas denominado de "los gallegos", y del segundo se afirma que también estaba implicado, presuntamente, en contrabando de máquinas tragaperras. Del Hoyo Cepeda, Guisado Fernández y De la Peña aparecieron posteriormente mencionados en el informe del fiscal Navajas sobre presunta corrupción en el cuartel de Intxaurrondo.
La enumeración de funcionarios sospechosos de obtenerabultados beneficios ilícitos se completa con los cabos Antonio Jiménez Cruz, Jesús Sandoz Urzaiz; y Segundo Morales Ojaos y con los guardias Francisco del Moral Bautista y Jesús María Carrillo Cordero.
Rodríguez Galindo concluye el informe enviado a la. dirección general del cuerpo -entonces encabezada por Luis, Roldán- asegurando que "ante la gravedad de los hechos que se relatan, de los que la aportación de pruebas resulta imposible al no efectuar declaración voluntaria los individuos que se dedican a las actividades delictivas manifestadas se propone [que los mencionados] causen baja inmediata en esta unidad y sean trasladados a otras donde no puedan tener ninguna relación con personas o actividades de este terna".
Alejar sospechosos
La denuncia que presentó Rodríguez Galindo en mayo de 1988 a la dirección del cuerpo por presunta corrupción contra algunos de sus subordinados, algunos de ellos de su máxima confianza, como el capitán Fidel del Hoyo Cepeda -procesado por torturas en relación con su actividad en el servicio de información en Intxaurrondo-, presentaba una serie de paradojas. El entonces teniente coronel denunciaba y pedía el traslado de agentes que eran ya investigados desde hacía un mes por un capitán del instituto armado. Incluso Rodríguez Galindo desvelaba a la dirección el nombre precisamente del guardia civil convertido en topo y que el fiscal Navajas infiltró en las redes de contrabando.Medios relacionados con la investigación de Navajas afirman que la denuncia del entonces teniente coronel sólo sirvió para entorpecer sus pesquisas y alertar a los investigados. Fuentes próximas a Galindo aseguran que él desconoció que hubiera un topo -su denuncia afirma lo contrario-, a pesar de que éste intentó revelarle seis veces su secreto, y que se limitó a poner en conocimiento de sus superiores los hechos de que tuvo noticia.
Otras fuentes consideran que lo más apropiado en casos de corrupción es no trasladar a los afectados para que se confíen y sigan actuando fuera de la ley hasta hallar pruebas para inculparlos.
A partir del informe Navajas sobre estos hechos, recibido por el fiscal general del Estado -entonces Javier Moscoso- el 12 de mayo de 1989, su sucesor, Leopoldo Torres -nombrado el 26 de enero de 1990-, se puso en contacto con el director general del cuerpo, Luis Roldán, y el ministro del Interior, José Luis Corcuera. Fruto de esos contactos fue una investigación de la Guardia Civil que se produjo a "requerimiento" del propio Torres, según personas de su entorno. En privado, Navajas declaró a Torres, según fuentes próximas al ex fiscal general, que la investigación fue satisfactoria en cuanto a medios, pero no a resultados. En diciembre de 1990, aún con Torres en la Fiscalía General, se inició la operación -Arca de Noé- de sabotaje contra la investigación. Personas próximas a Torres niegan todo conocimiento de tal sabotaje paralelo a la investigación que él había ordenado oficialmente.
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