Garzón tiene prisa

ASOMBRA VER con qué rotundidad el juez Garzón considera a Luis Roldán perjudicado y víctima de la falsificación de los llamados papeles de Laos. El juez de la Audiencia Nacional, al que otras instancias judiciales cuestionan la competencia para investigar este asunto, da consistencia a esa hipótesis sin haber escuchado al que considera principal urdidor del engaño, Francisco Paesa.Garzón ha llegado a la conclusión de que Roldán "no participó ni en la gestación ni en la elaboración de esos documentos" en virtud, básicamente, del testimonio del propio ex prófugo y sin haber constatado "la exacta participación de Paesa, por encontrarse éste en paradero desconocido". Curiosa instrucción, que permite a alguien pasar tan fácilmente de acusado a acusador, de presunto delincuente a víctima del delito. Por mucho que se trate de sumarios diferentes, no deja de ser llamativo que sólo un día después de este sorprendente pronunciamiento el juez haya citado a Roldán como testigo en el caso GAL para que declare sobre el uso de fondos reservados.

Garzón se ha lanzado por esta senda sin cumplir el básico requisito procesal de preguntar a la otra parte. Pero además tampoco parece haber tenido en cuenta las especiales y oscuras relaciones de Roldán con Paesa cuando el primero era director de la Guardia Civil, y el segundo, privilegiado confidente y colaborador de los servicios de información. La sintonía entre ambos fue suficiente para que planearan negocios juntos y para que Paesa fuera asesor económico de Roldán. Es difícil determinar quién engaña a quién en estas relaciones dominadas por los intereses, las sospechas y el doble juego y, sobre todo, presuponer buena fe -requisito básico para el engaño- por parte del perjudicado Roldán.

Si los papeles de Laos fueron confeccionados para usarlos en el extranjero y Roldán fue víctima del engaño, como anticipa Garzón, se sabe cuál será su respuesta a la demanda de inhibición que se le hace. No la aceptará argumentando que un delito cometido por español fuera de España es competencia de la Audiencia Nacional. Garzón no sólo se da argumentos a sí mismo para el momento en que deba pronunciarse formalmente sobre la inhibición que le plantea la juez Tardón (titular del juzgado competente, según la Audiencia Provincial de Madrid, para investigar este caso). Condiciona además de cierta manera la futura respuesta de la Sala Segunda del Supremo en el supuesto de que le corresponda dirimir el conflicto.

La prisa de Garzón por asegurar su competencia sobre el caso, a costa de otorgar a Roldán la condición de "perjudicado" y de ofrecerle amparo para que ejerza acciones legales, no va a incidir, en todo caso, en la normal tramitación, de la causa por siete delitos que se sigue contra el antiguo director de la Guardia Civil. Tampoco le otorga a éste garantía de quedar impune de esos delitos. Pero además, aburre tener que insistir en algo tan, evidente, el caso Laos, la fórmula utilizada para detener a un prófugo de la justicia fuertemente protegido por servicios paralelos, no es otra cosa que un asunto marginal. Por mucho que el juez que nos ocupa se empeñe en ponerlo en primer término. No cuestiona la legalidad ni la validez de la captura ni condiciona su encausamiento por los delitos de que se le acusa.

En la puesta a disposición judicial de Roldán no se ha vulnerado, que se sepa, ningún derecho. Por ello, el extraño rodeo del caso Laos cada vez parece más. el intento de desviar la atención del caso Roldán. En beneficio de éste. Y todo ello después de comprobarse cómo otros delincuentes, ya condenados, gozan de insólita libertad y privilegios gracias a las peculiares fórmulas de Garzón de interpretar el papel de inculpados, víctimas y acusadores en las causas que instruye.