La marquesina del Bilbao era "una ruina", según el fiscal

VIENE DE LA PÁGINA 1Para llegar a esta aseveración, el fiscal se ha basado en dos de los tres informes periciales solicitados tras el desastre por el Juzgado de Instrucción 26, órgano que en la actualidad dirige el magistrado Santiago Pedraz.

Según el fiscal, la tragedia del cine Bilbao se gestó así: sobre las 13.00 horas del día 27 de 1993, el acusado Juan Sánchez Martín, encargado de obra de JF Montajes y Construcciones, SL, recibió de José Pereda García (coordinador del montaje y desmontaje de andamios) la orden de desmontar la estructura metálica que se había colocado encima de la marquesina para sujetar el cartel que anunciaba la proyección en la sala de la película Sister act, una monja de cuidado. El andamio, que pesaba 2.700 kilos, tenía una altura de 12 metros y un ancho de 18. Todo ese tonelaje se colocó encima de la corroída marquesina, ubicada a una altura de cuatro metros del suelo.

El voladizo, que tapaba la acera de la calle por espacio de cuatro metros, estaba sujeto a la fachada por cuatro tirantes metálicos, dos en cada extremo. Nadie -ni los propietarios del cine Bilbao, ni los del andamio, ni los responsables de colocarlo- prestó atención alguna al deplorable estado de la marquesina; ni se percataron del excesivo peso -incluido el de tres obreros- al que la estaban sometiendo para instalar el cartel.

"Omitieron", explica el fiscal, el más elemental deber de diligencia y cuidada en el previo examen y análisis de la marquesina que debía sustentar el andamío". Además, iniciaron la tarea de desmontaje, añade, "sin el necesario proyecto técnico, sin obtener licencia municipal ni visado del respectivo colegio profesional y sin la intervención del arquitecto o técnico competente para la obra".

Para colmo, eligieron un lugar y un momento crítico para la tarea de desmontaje: sobre las cuatro de la tarde, y en la céntrica calle de Fuencarral: la acera del cine Bilbao comenzaba a llenarse de transeúntes.

Allí, en el lugar donde debía instalarse el andamio, se presentó Juan José Sánchez Martin, encargado de obra de JF Montajes, al mando de tres obreros de origen marroquí. Sánchez Martín, sin adoptar la más mínima medida de seguridad, les explicó en qué consistía el . trabajo y se fue de allí, "desentendiéndose por completo" de una tarea que debían efectuar unos operarios sin ninguna cualificación para ese menester, siempre según el fiscal. Tampoco les dio instrucciones sobre cómo debían realizar la tarea de desmontaje.

Hacia las siete de la tarde la gente se espesó en la acera; un nutrido grupo de personas hacía cola frente a la taquilla de la sala, protegido por la marquesina, para asistir a la sesión de tarde. Mientras, los operarios apilaban en una de las esquinas del voladizo los hierros que iban desmontando del andamio, tras haber colocado el cartel.

Cuando habían desmontado casi dos tercios de los 2.700 kilos de la estructura metálica, y apilaban ya los hierros en la esquina de esa superficie, la marquesina cedió y se derrumbó arrastrando al suelo la carga que soportaba y a los tres obreros, que sufrieron heridas.

La marquesina aplastó a seis personas: murieron Cecilia Príncipe Gancedo, de 79 años y madre de tres hijos; Petra Díez Arbas, de 62 años; Gervasio José Bercinano, de 51 años, que deja esposa y dos hijas; Irene Toledo García, de 19 años; Alfredo Morera Espinosa, de 46, y el hijo de éste, Alejandro, de 10 años.

Silla de ruedas

La madre de este niño, Monserrat Sanz, no murió de milagro aunque ha estado durante casi dos años en rehabilitación: parte de la losa le reventó un pie. Muchos de los supervivientes sufre desde entonces un auténtico calvario del que son testigos sus secuelas, algunas muy graves. Una de las supervivientes recibió contínas descargas eléctricas mientras se encontraba aprisionada entre los cascotes de la marquesina: un cable se descolgó y se introdujo entre los cascotes. Cada vez que la víctima recuperaba la conciencia y se movía, recibía una fuerte descarga que la dejaba inconsciente.

Otra mujer logró salvar la vida, aunque posteriormente ha sido necesario amputarle una pierna. Hoy está sobre una silla de ruedas. Ha tardado en curar de las heridas 632 días, según el forense, "y precisa de tratamiento psicoterápico debido a trastornos psíquicos reactivos al suceso". Además de que necesitará de por vida a alguien que le ayude para moverse y realizar sus necesidades más elementales, esta mujer, que tiene 19 años, sufre "trastornos sensitivos de origen central sobre el miembro amputado, en forma del fenómeno conocido como el miembro fantasma", explica el fiscal. Es decir, siente como si le siguiera doliendo la pierna que le segó la marquesina del extinto cine Bilbao, cuya sala ha sido reformada ya y hoy se llama Bristol. Curiosamente, el cine Bilbao está personado en las diligencias judiciales como parte perjudicada, se quejan fuentes de las partes.

El juez Santiago Pedraza, tras rematar la instrucción emprendida por su compañero José María Fernández, ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a seis personas. Se trata de Florentino Reyzábal, coopropietario, junto con su hermano Julián, de la sala de cine; Ricardo Rodríguez Sánchez, director comercial de Andamios In -la empresa propietaria del andamio que estaba colocado sobre la cornisa y que presuntamente provocó el desplome-; el empleado de esta empresa José Pereda García, y el arquitecto Pedro Valero de la Parra. También figuran como imputados en esta causa, acusados de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, Juan Fernández Romo y Juan José Sánchez Martín, este último responsable legal de la empresa JF Montajes y Construcciones.

El abogado Martín Sánchez Ferrero, quien defiende a una de las supervivientes, no entiende por qué ha sido exonerado de culpa el gerente del cine, Casimiro Maroto. "Él era el responsable del cine en ese momento y por tanto, quien debió prohibir que se cambiase el cartel a un hora en la que había tantos transeúntes". Otros acusadores también discrepan del criterio del fiscal y el juez de liberar de resposabilidad a varios concejales del Ayuntamiento de Madrid.

El juicio se celebrará dentro de varios meses en un juzgado penal de la plaza de Castilla.

El juez ha fijado una indemnización de 600 millones de pesetas para los familiares de las víctimas de la tragedia.Las dos indemnizaciones más elevadas de las que reclama el fiscal son para las supervivientes Monserrat Sanz Arlegui (la profesora de EGB que además de sufrir graves lesiones físicas, perdió en el siniestro a su hijo, de 10 años, y a su marido, de 46) y para Marta Lotero Pascual, de 19 años: a raíz del accidente hubo que amputarle una pierna. Exige que cada una de ellas sea indemnizada con casi 140 millones de pesetas.

El día en que el juez comunicó a los acusados su decisión de sentarles en el banquillo -el pasado 9 de marzo- les requirió también para que entre ellos y las compañías de seguros, reuniesen los 600 millones de fianza. Las aseguradoras ya han garantizado la parte que les corresponde: Mapfre, Industrial 100 millones, otros 50 Allianz Rass, y Asepeyo-Equidad, los 25 restantes. En total, 175 millones. Al menos hasta ayer faltaban 425 millones para completar los 600, según el abogado de la acusación particular Martín Sánchez-Ferrero y García. Éste solicitó al juez Pedraz que investigase el patrimonio de los acusados y él de las empresas implicadas en el siniestro, y que embargara sus bienes hasta completar los 600 millones. El juez estimó la pasada semana esa petición y ya ha ordenado el inicio de las pesquisas, según Sánchez-Ferrero.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, dialogar con los responsables del Bilbao. Éstos siempre han mantenido que la instalación del andamio, cuyo desplome propició la tragedia, fue contratada con otra empresa