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Entrevista:

"El futuro es la soberanía compartida"

, Juan José Ibarretxe niega que la caída del cupo que la comunidad vasca aporta a la Administración central por los servicios no transferidos signifique la quiebra del sistema del concierto económico. Licenciado en Ciencias Económicas, nacido en Llodio (Álava) hace 37 años y militante del PNV, Ibarretxe dice que hablar de soberanía económica es "entrar en la magia de las palabras", pero subraya la singularidad y trascendencia de la fórmula del concierto económico como pilar de la autonomía vasca.Pregunta. ¿Por qué ha sido imposible llegar a un acuerdo sobre transferencias en los últimos años?

Respuesta. Desde luego, no porque haya bajado el cupo a pagar a Madrid ni por la valoración económica que se haya hecho de esas transferencias. Mezclar estas cosas es crear un debate falso porque los problemas son fundamentalmente políticos. Ésta es la cuestión. Nosotros creemos que no se reconoce la especificidad del Estatuto en determinadas materias. Si hemos discutido durante tanto tiempo sobre la cuota dedicada a la formación profesional no es por los 3.000 millones que supone, sino porque unos creemos que nos corresponde estatutariamente y otros, los representantes de la Administración central, consideran que no.

P. Se quejan de que el Gobierno central no tiene voluntad política de cumplir el Estatuto, pero, por otro lado, reclaman materias no estatutarias como las tarifas del IRPF y, en cualquier caso, se remiten al pacto político que todo lo arregla.

R. No se puede equiparar una cosa con la otra. Al margen de otras consideraciones, lo que está en juego es el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que representa el mínimo común denominador de los vascos.

P. ¿Cree que si las cosas transcurren sin acuerdo hay que denunciar el Estatuto como propone -el portavoz de su partido, Joseba Egibar?

R. Lo que digo es que el Estatuto hay que cumplirlo' y llenarlo de contenido. Y lo que dice el pacto tripartito del Gobierno vasco es que esta legislatura debe ser determinante para avanzar en el proceso estatutario.

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P. ¿Cuánto queda por cumplir del Estatuto? ¿Qué suponen esas 45 competencias pendientes?

R. Al margen de las cuotas de la Seguridad Social que nosotros pedimos porque somos partidarios de romper el concepto de caja única, podemos estar hablando de unos 90.000 millones.

P. ¿Es correcto decir que el 80% del Estatuto está cumplido?

R. No quiero manifestarme en términos de porcentaje. Sólo quiero subrayar que mientras no estén transferidas todas las competencias seguirá habiendo una ley orgánica incumplida, porque las leyes sólo pueden ser cumplidas en su totalidad.

P. ¿Usted también cree que el Gobierno central sólo cede bajo la presión del chantaje?

R. Me resisto a aceptar que la aplicación de la ley dependa de la debilidad de una de las partes. Sólo hay un camino, hablar y seguir hablando.

P. ¿Cómo se explica el descenso del cupo anual que Euskadi paga al Estado?

R. Fundamentalmente por el espectacular crecimiento del déficit público del Estado, que ha pasado de 2,8 billones en 1992 a 5,1 billones durante el pasado año. En el porcentaje que nos toca, ése es un dinero que el País Vasco debe restar de su aportación. La caída del cupo vasco no tiene, pues, nada que ver con las transferencia! asumidas, y, de hecho, con un nivel competencial idéntico, en 1992 pagamos un cupo de 67.000 millones, y este año uno de 17.000.

P. ¿El hecho de que el cupo haya bajado hasta 17.000 millones no significa, en todo caso, la quiebra del sistema, teniendo en cuenta que a las competencias exclusivas del Estado hay que sumar las 45 materias del Estatuto pendientes de transferir?

R. No, porque quedan ingresos como los de los impuestos especiales, que una vez concertados pueden elevar el cupo hasta los 110.000 millones.

P. ¿Pero la recaudación de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco, hidrocarburos, no corresponde al Estado?

R. No, la competencia exclusiva del Estado es la que se recauda en Aduanas, el tráfico exterior. El resto de impuestos puede ser concertado, salvo el alcohol, que momentáneamente queda fuera.

P. Al endeudamiento público se ha sumado el descenso en la re caudación fiscal. ¿La suma de estos factores puede llegar a cuestionar el concierto económico?

R. La Administración vasca está siendo muy rigurosa a la hora de cumplir las previsiones del plan de convergencia. En 1994 hemos reducido el déficit del Gobierno vasco en 8.000 millones, y estoy seguro de que el déficit del conjunto de las administraciones vascas no supera el límite del 3% del PIB impuesto por Maastricht.

P. El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, Juan Luis Laskurain, juzga preocupante el endeudamiento de las administraciones vascas. ¿A cuánto asciende la deuda conjunta?

R. No lo sé en términos globales, pero no creo que llegue a sobrepasar los 800.000 millones.. En lo que se refiere al Gobierno vasco, la deuda viva será de 292.000 millones a finales de año, o sea, muy por debajo de, los parámetros establecidos por Maastricht. Comparto la preocupación de Laskurain en el sentido de que el elevado déficit es, junto a la inestabilidad política, el elemento determinante interno de la crisis española, pero también es cierto que la casi totalidad de los Estados han pinchado en el asunto del déficit

P. ¿Por qué reclaman poder fijar las tarifas del IRPF si esa atribución no está en el Estatuto?

R. Navarra la tiene, pero, bueno, ésta es una cuestión que nosotros planteamos con absoluta tranquilidad como un elemento de actualización del concierto económico, de reflexión y negociación de cara al futuro

P. Si el Gobierno vasco puede fijar las tarifas del impuesto de sociedades y del IRPF y recaudar los impuestos especiales, ¿qué faltaría para poder hablar de plena soberanía económica?

R. Hombre, quedaría la política económica, aunque ésta es una cuestión muy condicionada ya por la convergencia europea. Hablar de soberanía económica es entrar en la magia de las palabras, pero es verdad que el concierto económico es muy importante. En todo caso, lo que el futuro nos depara a los Estados y regiones europeas es una soberanía compartida.

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