Una sentencia del Supremo de 1985 cuestiona la validez de la autonomía balear

El pleito de un concejal tránsfuga del PSOE, que era contrario al proyecto de Estatuto de autonomía de Baleares en 1982 y al que se le impidió por la fuerza participar en el pleno municipal de ratificación del estatuto en el Ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza), abrió las puertas de un complicado vacío formal y legal en la estructura autonómica de Baleares que persiste hasta ahora.Una sentencia firme del Tribunal Supremo de 1985 -que ratifica una anterior de la Audiencia de Palma de Mallorca 1982- mantiene en tela de juicio la legalidad del inicio del proceso autonómico de las islas Baleares, que cuentan con su propio Estatuto desde 1983. Cualquier ciudadano, en opinión de dos expertos juristas consultados, puede llegar a plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la Administración regional.

El denominado por los juristas "vicio esencial de procedimiento" del proceso de la autonomía balear radica en que se contabilizó como válido un acuerdo pro estatuto del ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza), cuando aquel fue nulo porque se impidió por la fuerza la presencia en la casa consistorial de un concejal del PSOE al que su partido había expulsado.Voto de tránsfuga

El regidor socialista había sido captado desde la antigua Alianza Popular (hoy Partido Popular), para lograr que triunfaran sus tesis, contrarias al proyecto autonómico. El voto del concejal vetado era decisivo y la postura del municipio era determinante en el cómputo del territorio balear. La Audiencia y el Supremo consideraron que el acuerdo plenario fue nulo. El letrado del Estado pleiteó y perdió y las sentencias, se archivaron. sin eco. El error -falta de quórum en el apoyo loca- no ha sido subsanado.

Dos tercios de los municipios de cada isla, cuya población debía superar la mayoría del censo electoral insular, tenían que ratificar la iniciativa estatutaria, por la vía del artículo 143 de la Constitución. El hoy europarlamentario de Ibiza Abel Matutes, que era entonces portavoz conservador en el Congreso de los Diputados, afirmó en el debate y votación del Estatuto balear, en enero de 1983, que seguir adelante sobre el caso de Sant Antoni era "pretender edificar un régimen autonómico bajo la amenaza de una espada de Damocles de una sentencia" y "una tremenda frivolidad".

El diputado socialista Gori Mir, replicó que "sería un absurdo de inmensas proporciones que todo el proceso autonómico de las Baleares quedara invalidado por la traición de un ciudadano a su partido".

Por su parte, el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, recondujo reiteradamente el debate en la Cámara al tema central del Estatuto balear.