García Vargas reconoce que es difícil mantener el "control político" de las actividades del Cesid

El Cesid está "volcado" en el ámbito internacional, lo que conlleva menor atención a asuntos nacionales, según dijo ayer en Congreso Julián García Vargas, ministro de Defensa. Reconoció que "a veces es dificultoso" el "control político" de los servicios de inteligencia y se mostró partidario de que sigan siendo mandados por un militar. Calificó de "muy humano" que algunos agentes o ex agentes usen su experiencia para realizar "represalias o ajustes de cuentas". Rodolfo Martín Villa, ex ministro de Interior con UCD y hoy diputado del PP, recordó que "en todos los intentos por poner chinas al proceso político iniciado por Adolfo Suárez siempre hubo personas ligadas a este tipo de servicios".

García Vargas negó que el comandante Emilio Jambrina participase en una reunión promovida por el Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) para que jefes de la Guardia Civil buscaran pruebas falsas para involucrar a los gobiernos de UCD en la guerra sucia contra ETA y la creación de los GAL."El comandante Jambrina no se encontraba en Madrid

[el día de la presunta reunión] y puede probarlo", explicó el ministro. Según éste, "un servicio de inteligencia no puede buscar falsos testigos para reescribir la historia, y menos en una gasolinera", próxima a la sede del Cesid en Madrid, según publicó El Mundo.

Antonio Romero, de Izquierda Unida, cree que "ha habido un intento político claro por parte del Gobierno para inmiscuir a UCI) en la guerra sucia ", pero añadió que tal operación ha resultado fallida.

Rodolfo Martín Villa, en nombre del PP, se mostró contrariado y extrañado de que no fuese el teniente general Emilio Alonso Manglano quien acudiera al Parlamento a dar explicaciones. Martín Villa aceptó que durante los gobiernos de la Unión de Centro Democrático hubo "algunas iniciativas de combate ilegal" contra el terrorismo y que éstas cesaron en 1980, lo que desmonta la tesis de que el PSOE recibiera de la UCI) "este tipo de herencia".

El ministro de Defensa desmintió otra información de El Mundo. En la caja fuerte del Cesid, dijo, no hay ninguna cinta con la grabación de unas conversaciones mantenidas por el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez y el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado sobre la lucha contra ETA. "Si alguien la tiene, cabe la posibilidad de que fuera archivada y sustraída o bien que alguien la grabó ilegalmente", agregó.

Martín Villa se preguntó entonces si tiene el ministro la seguridad de que por debajo de él -"aguas abajo", dijo- no ha habido alguna actuación descontrolada del Cesid.

El diputado popular criticó que el Cesid se mueva en un "campo impreciso" y "fuera del control parlamentario", por lo que propuso la creación de un consejo de notables para vigilar los servicios de espionaje y que el Gobierno piense en establecer sobre ellos algún tipo de control parlamentario.

A preguntas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el ministro explicó que el general Emilio Alonso Manglano, jefe del Cesid, fue inscrito por Defensa en 1986 como socio del elitista Club Puerta de Hierro de Madrid a título "institucional". La inscripción fue abonada como "gastos diversos", tras considerar que estas instalaciones eran adecuadas para que Alonso Manglano se reuniese discretamente con otros agentes extranjeros.

El 'informe Crillon'

García Vargas declaró a los periodistas que está "tranquilo" ante la decisión del Tribunal Supremo. de admitir a trámite la denuncia presentada, por Luis Roldán contra él y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, por financiar con fondos reservados el llamado informe Crillon (sobre las actividades del ex presidente de Banesto Mario Conde). "Me parece bien que el Supremo investigue todos los extremos que estime pertinentes", proclamé.

Federico Trillo, del PP, opina que Narcís Serra "ha pasado a ser un sospechoso". Trillo matizó que no quería afirmar "que el señor Serra sea autor de ningún delito", pero sí que la decisión del Supremo "abre oficialmente la vía de sospecha sobre el comportamiento del vicepresidente", informa Camilo Valdecantos.

El diputado popular añadió que ya que Serra, "con su locuacidad habitual", ha afirmado que no se ha cometido ningún delito, él se atrevía a sugerir que si algún miembro del Gobierno ha encargado una investigación sobre un ciudadano ha podido cometer dos delitos: malversación de caudales, por dedicar dinero de fondos reservados a fines no previstos, y prevaricación, por adoptar una resolución a sabiendas de que es injusta.