El caso oculto

El fraude del voto por correo fue cometido presuntamente con el ánimo de decidir la mayoría en localidades españolas donde las encuestas daban resultados muy parejos. Así sucedía en Palencia -ya se juzgó- o Salamanca -sobreseído porque los jueces atribuyeron todo a la casualidad-, y también en Madrid. Igualmente, aparecieron datos sospechosos en Segovia, Guadalajara y Avila, pero nadie investigó más. La sentencia relativa al caso palentino -a la que se llegó gracias a la tenacidad de dos fiscales- resultó demoledora: una condena moral en toda regla. Pero la Ley Electoral de entonces no había previsto tan burda manipulación. Y las dos personas acusadas fueron absueltas, al no existir casilla penal que les correspondiera.En cambio, la voracidad nubló a los gestores del PP en Madrid. Quisieron agilizar los trámites, para lo cual hicieron pasar por impedidos a miles de electores a fin de justificar que no fueran ellos mismos quienes tramitaran su propio voto en Correos. Y para eso necesitaban la firma del notario, que falsificaron. Eso sí es un delito previsto. En el verano de 1991, este periódico publicó que la rúbrica de Alberto Ballarín había sido falsificada en miles de votos. El PP negó los hechos, que atribuyó a una maniobra "del PSOE y sus adláteres". Nadie más exigió después cuenta alguna. Nadie se planteó que, puesto que el mismo fraude se había observado en distintas provincias, tal vez existía una cabeza central que dio las instrucciones pertinentes.

El mayor fraude que se puede producir en una democracia nunca despertó el interés de fiscales, políticos ni -apenas- medios informativos. Hoy -cuatro años después- sólo se ha encausado a funcionarios del partido en Madrid, que parecen haberse puesto de acuerdo entre sí por arte de birlibirloque.