Saavedra admite las críticas González por la consulta al CGPJ de la Ley del Gobierno

El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, reconoció ayer la inoportunidad de haber enviado, en estos momentos políticos, a dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el anteproyecto de la Ley del Gobierno al afectar al aforamiento de los secretarios de Estado. Admitió con ello la crítica que Felipe González le hizo el viernes y también reconoció que el presidente del Gobierno desconocía su envío. No obstante, negó la mayor de las críticas de la oposición: que el objetivo del anteproyecto pretendiera la inmunidad de ministros y altos cargos ante la reapertura de sumarios que afectan a Interior.

Jerónimo Saavedra regresó ayer a Madrid después de un viaje de diez días a China y ofreció su versión, tras la polémica suscitada el pasado fin de semana. El ministro centró su autocrítica en la inoportunidad política por el envío del anteproyecto de la Ley del Gobierno al CPGJ. El ministro pidió al órgano judicial un dictamen sobre el artículo 32,2 del anteproyecto, el que regula el aforamiento de los secretarios de Estado al considerarles como miembros del Gobierno.Saavedra aseguró que la elaboración de esta ley no pretendía que se le aplicase con carácter retroactivo al ex secretario de estado de Interior, Rafael Vera, actualmente encarcelado por su presunta implicación en la trama de los GAL. El ministro insistió en que el anteproyecto no plantea la retroactividad en ningún momento, algo que ya aseguraron el mismo viernes el presidente del Gobierno y el titular de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch.

"Ésta es una norma de carácter procesal y, en consecuencia, no tiene carácter retroactivo. He oído auténticas barbaridades en cuanto a que el Gobierno quiere ocultar responsabilidades. Ni por mi cabeza ni por la de ningún miembro del Gobierno pasa ocultarlas", dijo Saavedra.

El ministro negó también que la ley sea de "punto final" -con lo que dejaría abierta la puerta a la impunidad tanto de ministros como de secretarios- como han señalado algunos representantes de la oposición. Saavedra aclaró que el Tribunal Supremo, órgano con competencia para juzgar a los aforados, como ministros y parlamentarios, es tan ordinario como puede serlo la Audiencia Nacional o cualquier juzgado de España.

El ministro dijo que la "inoportunidad política", único error que se atribuyó, no es motivo suficiente para plantear su dimisión al presidente del Gobierno. "Lo que he visto y he leído es que ha habido inoportunidad política. Yo lo que digo es que de inoportunidades la historia está llena y que no soy corrupto ni he metido la pata en lo que afecta a terceros".

Filtración del CPGJ

Saavedra culpó al CGPJ de filtrar a los medios de comunicación la información que originó la polémica. "No quiero entrar en ningún conflicto de relaciones institucionales. Es raro, es extraño. A mí no me gusta. Deberían mantenerse unas reglas de juego por parte de las instituciones", dijo. El ministro firmó el pasado 17 de marzo el envío del anteproyecto al CPGJ para que el máximo órgano del poder judicial emitiera su dictamen con carácter urgente sobre un aspecto del anteproyecto de la ley: el aforamiento. El documento fue remitido el martes, día 21. El Consejo de Ministros había abordado el anteproyecto en un par de sesiones, pero sin darle un carácter formal. Aún no existía un acuerdo político en el Gobierno, como recordó el viernes el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, que adelantó su oposición al mismo.

Saavedra opina que no era preceptivo que el Consejo de Ministros conociera este trámite y señala que hay precedentes. Concretamente, fueron enviados al CPGJ sin informar de ello al Consejo de Ministros, el. anteproyecto de ley por el que se modifica la normativa de elecciones del personal de la Administración Pública, de marzo de 1994, y el anteproyecto de ley de previsiones laborales del Ministerio de Trabajo, de octubre de 1994.

Dos días después de su llegada al CPGJ, el documento se filtra a los medios de comunicación. Las reacciones de la oposición y de algunos expertos jurídicos fueron durísimas. El ambiente político existente lleva a concluir a algunos representantes de la oposición de que el Gobierno busca la impunidad de algunos de sus ex ministros y altos cargos, afectados por los sumarios del Ministerio del Interior.

Desproporción

El ministro replicó ayer que "se han comentado desproporcionadamente y sin ninguna base jurídica las consecuencias de un proyecto de ley que abarca muchas materias distintas al polémico artículo 32 (el del aforamiento)". En este proyecto, recordó ayer Saavedra, lo único que hacemos es llevar a formar parte del Gobierno a los secretarios de Estado. "Es curioso que esta misma iniciativa se contenía en la proposición del PP que se debatió en las Cortes el otoño pasado y nadie lo haya querido recordar", añadió.

Federico Trillo, portavoz para asuntos de Justicia del Grupo Popular en el Congreso anunció ayer que preguntarán al presidente del Gobierno, el próximo miércoles, en la sesión de control parlamentario, para que aclare quién "falta a la verdad" en este asunto, ya que González dijo que el proyecto de ley no había sido debatido en Consejo de Ministros.

Rosa Aguilar, portavoz de IU dijo que es necesario que Saavedra dimita o que lo cese el presidente aunque añadió que esto no ocurrirá porque "el problema es que Felipe González está de acuerdo con el fondo del anteproyecto".