González desautoriza a Saavedra por enviar la Ley del Gobierno al Poder Judicial sin contar con él

Felipe González desautorizó ayer a su ministro Jerónimo Saavedra, pero no le destituirá. El jefe del Ejecutivo considera que el titular de Administraciones Públicas cometió un error al pedir un dictamen sobre el proyecto, de Ley del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con él ni haber pasado por el Consejo de Ministros. El proyecto de Saavedra, que regula la ampliación del fuero procesal a los secretarios de Estado, entre otros aspectos, todavía se encuentra en una fase inicial de elaboración, y existen discrepancias en el Ejecutivo sobre su contenido.

El malestar es generalizado en el Gabinete por la decisión de Saavedra de remitir el proyecto al CGPJ sin haber consultado con el presidente del Gobierno ni con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, los únicos que tienen atribuciones en la relación con el máximo órgano del Poder Judicial.El pasado miércoles, en cuanto supo que el CGPJ disponía del texto de la Ley del Gobierno enviado por Saavedra, Belloch se puso en contacto con La Moncloa para pedir explicaciones. El titular de Justicia e Interior no ocultó su malestar por el envío del documento al Poder Judicial, ya que aun no existía el acuerdo político del Consejo de Ministros y, además, porque las relaciones del Gobierno con el máximo órgano del Poder Judicial le corresponden al presidente o a él.

En La Moncloa contestaron a Belloch que Saavedra había actuado por su cuenta, esto es, sin el consentimiento de González ni del vicepresidente, Narcís Serra.

Pero el malestar del Gobierno se debe sobre todo a la imagen de impunidad propiciada por el Ejecutivo con un proyecto de ley que, entre otras cosas, amplía el fuero procesal de los ministros a los secretarios de Estado. Esto supondría en la práctica, según algunas interpretaciones, que el caso Marey, por el que está encarcelado el ex secretario de Estado Rafael Vera, sería instruido por el Supremo en lugar del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón (ver EL PAÍS de ayer). No obstante, González y Belloch dijeron ayer que esa interpretación era errónea puesto que el proyecto no plantea la retroactividad.

La advertencia interna que hizo Belloch el miércoles se materializó ayer públicamente: en el Gobierno hay discrepancias sobre el texto. El debate, antes de llegar formalmente al Consejo de Ministros, saltó a la calle.

El propio Belloch dijo ayer que no conoce el anteproyecto, pero que se opone a que se amplíe el fuero procesal de los ministros a los secretarios de Estado. La secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, añadió que duda de la constitucionalidad del texto.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, puso el dedo en la llaga al señalar que el problema que plantea este anteproyecto es el de su inoportunidad política, en la medida en que se puede interpretar que el Gobierno pretende amparar a ex ministros y ex secretarios de Estado salpicados en sumarios. Borrell fue menos tajante que Belloch sobre la retroactividad. Dijo que es un principio discutible y argumentó que no tiene sentido que una persona deba ser juzgada por unos hechos en distintos tribunales según sea o haya dejado de ser ministro en activo.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su intervención posterior al Consejo de Ministros, negó que el proyecto de Ley del Gobierno pretenda buscar el amparo a ex ministros y ex secretarios de Estado eventualmente afectados por sumarios judiciales. También negó que el texto recoja expresamente el principio de retroactividad, como posteriormente aseguró González.

Inoportunidad política

El proyecto de ley del Gobierno es un compromiso electoral del PSOE adquirido en los comicios de junio de 1993, mucho antes de que se reabriera el sumario de los GAL que le ha otorgado el rango de inoportunidad política. "Nosotros discutimos hace tres años la Ley del Gobierno y nos pareció inoportuno. Ahora hemos decidido empezar a discutirla, y probablemente también se calificará de inoportuno", dijo ayer González.

El proyecto recoge numerosos aspectos de organización de la Administración, además del polémico tema del fuero, que lo ha puesto de actualidad tras la reapertura del caso GAL. Abarca cuestiones que, a falta de una norma, se regulan por el uso de la costumbre, como la delimitación del papel del Ejecutivo respecto de la Administración, el funcionamiento del Gobierno y las situaciones de interinidad del Ejecutivo cesante.

Una de las cuestiones de mayor utilidad para el Consejo de Ministros que regula el anteproyecto de ley es la posibilidad de que los ministros descarguen las comparecencias parlamentarias en los secretarios de Estado, al ser considerados como parte del Gobierno. El ministro de la Presidencia dijo ayer que la legislación alemana y francesa recogen esta posibilidad.