La Ley del Suelo obliga al Gobierno a comprar fincas para casas baratas

La carta magna del urbanismo madrileño, la Ley Regional del Suelo, fue aprobada ayer por unanimidad. La izquierda regional (IU y PSOE) cumplió así su compromiso, adquirido hace cuatro años, de regular los asuntos referidos a la actividad urbanística. La ley obligará al Gobierno regional a reservar más de 11.000 millones de pesetas al año para comprar suelo rústico en él que promover viviendas baratas o polígonos industriales y para rehabilitar áreas degradadas de la región.

El Gobierno del socialista Joaquín Leguina llevaba más de seis años intentando aprobar un instrumento legislativo que todos los grupos parlamentarios consideraron ayer de extraordinaria importancia. Hasta el Partido Popular, que algunos meses antes anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, votó a favor del texto.La Ley del Suelo mantiene las competencias urbanísticas en manos de los gestores de la Comunidad de Madrid. Este aspecto fue duramente atacado hace algunos meses por el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que reclamó la titularidad de todas las competencias urbanísticas.

La ley, de 118 artículos, obliga a los municipios de la región a reservar la mitad del suelo residencial para edificar viviendas baratas y a estudiar la renta económica de sus vecinos para determinar, qué tipo de alojamientos se construyen.

Los municipios, por su parte, podrán tumbar proyectos del Gobierno regional en la comisión de concertación, que se crea por ley, donde se discutirán y votarán los proyectos polémicos y los conflictos entre los distintos pueblos.

Las operaciones urbanísticas deberán apoyarse en estudios de impacto ambiental y territorial (efectos económicos y sociales que pueden ocasionar las actuaciones urbanísticas en los municipios afectados).

Los terrenos incendiados "por falta de prevención o de acción humana no autorizada" no se reclasificarán para construir sobre ellos en los 30 años siguientes al fuego, salvo autorización expresa de la Asamblea de Madrid.

José María Rodríguez Colorado, consejero de Política Territorial, destacó el poder antiespeculación de la Ley del Suelo aprobada.

Maite Martínez, parlamentaria de izquierda Unida, grupo que presentó 36 enmiendas, resaltó, por su parte, la creación de la comisión de concertación, donde, democráticamente, se dirimirán los conflictos entre instituciones sin que ninguna de ellas pueda imponer su criterio por decreto.

El PP, que presentó 236 enmiendas y consiguió sacar 111 adelante, consideré satisfactorio el acuerdo final. "Es una ley posible para cualquier Gobierno", señaló el portavoz popular, Ignacio del Río.

Ley de Turismo

El pleno del Parlamento regional también aprobó ayer por unanimidad la Ley de Turismo, que sustituye, a la ley de 1968 conocida como ley Fraga. Este sector, que emplea en la Comunidad de Madrid al 5% de los trabajadores, factura anualmente 1,5 billones de pesetas.

La ley concede al Gobierno regional competencias exclusivas para declarar zonas turísticas saturadas -aquellos municipios donde no se pueden levantar más establecimientos hoteleros- o zonas de interés turístico especial.

Además, el texto regula la actividad de las 1.200 agencias de viajes, los 20.000 bares, los 6.000 restaurantes y las 86.000 camas hoteleras de la región. Cada día se alojan en la Comunidad 10.000 visitantes.