Garro declara hoy ante el juez por presunta apropiación de 1.400 millones

El juez Manuel García-Castellón ha citado al ex director general de Banesto Fernando Garro ara declarar hoy sobre un presunto delito de apropiación y/o estafa estimado en 1.400 millones de pesetas, tras admitir a trámite la ampliación de la querella del caso Banesto en ese punto, solicitada por el fiscal Florentino Orti. Banesto presentó ayer un escrito en el juzgado de primera instancia número 16 para acelerar la demanda de acción social de responsabilidad contra Mario Conde y los ex administradores.

El fiscal acusa a Garro de instrumentar la compraventa de dos locales comerciales en Azuqueca de Henares (Guadalajara), hacia 1990, con el fin de apropiarse de unos 1.400 millones. El entonces director general de Servicios e Imobiliario escrituró por un determinado precio los citados locales y contabilizó, además, el pago de facturas (unos 1.400 millones) por presuntas obras de acondicionamiento a dos empresas, casi sin actividad desde 1988 llamadas Cimasa y Cimecon. El fiscal, a la vista de las pruebas, estima que dichas facturas fueron presentadas por el mismo Garro utilizando el nombre de las citadas empresas, que conocía por ocuparse del sector inmobiliario de Banesto, y que los conceptos ("Por estudios realizados para Banesto , rezan) son falsos.,El juez Garck-Castellón ha tomado declaración en las últimas semanas a varios ex consejeros. de Banesto. El presidente del Comité de Auditoría, Antonio Torrero, y la consejera Paulina Beato, que reside en Washington, comparecieron en el juzgado número 3. Pero, Roberto Mendoza, quien propicio el acuerdo entre J P Morgan y Mario Conde, no se presentó a declarar el pasado 6 de marzo.

Ayer, Banesto presentó un escrito ante el juzgado de primera instancia número 16, que trata de la demanda de acción social de responsabilidad contra los ex administradores. Dicha demanda sigue paralizada ante la decisión del ex consejero Moisés Cossío, residente en México. Cossío se niega a recibir el emplazamiento del Consulado General de España en Ciudad de México, retrasándose así el procedimiento civil. Banesto pidió ayer al juzgado número 16 que dirija un oficio al director general de Asuntos Consulares de Exteriores para que "resuelva por vía diplomática las difícultades surgidas con el emplazamiento del demandado".

Al retraso de casi diez meses en la citada demanda, que exige una indemnización por los daños causados (estimados en 605.000 millones), se unirá la petición de los demandados de que dicho procedimiento quede paralizado ante el procedimiento penal en curso (prejudicialidad). Esa misma petición se espera en el expediente sancionador que tramita el Banco de España. Ambas exigencias serán pianteadas por los demandados cuandó sea levantado el secreto del sumario por parte del juez García-Castellón.