Vera se responsabilizó del secuestro del etrarra Larretxea

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, declaró ante Garzón que no ordenó el secuestro en Francia del etarra Larretxea, del que existía información de que conocía el paradero del capitán de farmacia secuestrado por ETA Martín Barrios, aunque como director general de la Seguridad del Estado -cargo que ostentaba en 1983- se responsabiliza de la acción. Francisco Álvarez, también preso por el caso GAL, ya asumió haber ordenado y dirigido la tentativa de secuestro de Larretxea, pero el delito ya ha prescrito, por lo que no se le persigue, ni tampoco a Vera, por ese hecho.Vera señala que tuvo que hacer una gestión para que se pusiera en libertad a los policías españoles detenidos por el intento de secuestro y que posteriormente fueron recompensados aunque Vera no pudo precisar el importe de la gratificación.

Vera niega que participase en la preparación, desarrollo o ejecución del secuestro de Segundo Marey y añade que en España no se abrió ninguna investigación aparte de una petición de ayuda realizada por la policía francesa de aire y fronteras (PAF).

La mayor parte de la declaración de Vera estuvo centrada en los fondos reservados como supuesta financiación de los GAL y como pago a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, directamente o a través de sus mujeres.

El ex alto cargo precisa que es probable que entregase a Julián Sancristóbal fondos públicos, pero que no puede determinar ni la cuantía, ni en qué fechas, ni en cuántas ocasiones. Aunque en un primer momento dice no recordar si le entregó un millón de francos franceses a Sancristóbal en un maletín -Amedo asegura que esa cantidad fue la destinada para financiar el secuestro de Marey-, inmediatamente precisa que "dada la cantidad y divisa, de haberse producido dicha entrega, la recordaría, y por otra parte, no había razón alguna para entregar un millón de francos a ningún gobernador civil".

Vera asume la responsabilidad de la disposición de fondos reservados y de los viajes de todos sus subordinados como su ex secretario particular, Juan de Justo, el comisario Aníbal Machín y el general de la Guardia Civil Primitivo Seivane. Sin embargo, niega que se haya pagado una sola peseta a Amedo y Domínguez o sus esposas, ni el medio millón mensual que los ex policías afirman que cobraban, ni los 200 millones ingresados en las dos cuentas de la Union de Banques Suisses.