Aviso de suspensión de militancia a nueve altos cargos de la Junta andaluza por impago de cuotas

Los malos resultados obtenidos en las elecciones de junio (a menos escaños menor subvención oficial) han obligado al PSOE de Andalucía a aplicar una fuerte reducción de gastos que dirigentes de este partido no dudan en comparar a una "economía de guerra". Los socialistas han elaborado un plan que contempla la venta de la sede regional y han apercibido de suspensión de militancia a tres consejeros y seis altos cargos por no pagar sus cuotas.Los recortes afectan a diversos capítulos como los de personal y mantenimiento, y se producen como respuesta a la disminución de ingresos provocado por las elecciones andaluzas del 12 de junio, en los que el PSOE pasó de 62 diputados a tener 45.

Ante esta situación, la dirección del partido ha diseñado una estrategia caracterizada por una "auténtica economía de guerra". Se suprimen las asignaciones a las agrupaciones provinciales dirigidas a gastos de estructura así como las partidas de seguridad, desplazamientos a jornadas y seminarios y otros gastos.

El plan contempla incluso la venta de la actual sede del PSOE de Andalucía, una casa palacio sevillana de grandes dimensiones ubicada en pleno centro urbano, y adquirido por unos 61 millones de _pesetas en 1983.

El afán de encontrar una mayor austeridad y asegurar sus vías de financiación llegan al extremo de exigir a todos los cargos públicos socialistas que actualicen el pago de sus respectivas cuotas al partido. En este sentido, la ejecutiva regional ya ha advertido de suspensión de militancia a José Luis García Arboleya, consejero de Salud; Paulino Plata, consejero de Agricultura y Pesca-y a la consejera de Educación y Ciencia, Inmaculada Romacho.

También en este capítulo de "morosos" figuran otros altos cargos de la Junta como el viceconsejero de Agricultura y Pesca, Francisco Alba; el director general de Turismo, Casto Sánchez Mellado; la directora general de Consumo, María Antigua Escalera; el viceconsejero de Cultura, Bartolomé Ruiz, y el director general de Carreteras, Blas González González. La lista se completa con Hortensia Gutiérrez, secretaria primera de la Mesa del Parlamento andaluz. A cada uno de ellos se les ha enviado tres cartas certificadas, con acuse de recibo, conminándoles a que se pongan al día en el pago. Las cantidades que han de pagar mensualmente oscilan entre las 15.000 y las 20.000 pesetas.