Rotunda oposición de penalistas a la nulidad del proceso, aunque la detención hubiera sido ilegal

Las posibles irregularidades en la detención del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, originarían responsabilidades penales, pero nunca nulidad de las actuaciones, según manifestaron ayer destacados penalistas, alarmados ante las opiniones de las cuatro asociaciones judiciales en favor incluso de la libertad del ex prófugo. Los portavoces de dos de tales asociaciones -Juecespara la Democracia y Unión Judicial Independiente- rectificaron el criterio expresado la víspera por sus respectivos compañeros y se opusieron también a la libertad de Roldán y a la nulidad de las actuaciones.

En medio de la polémica suscitada por las sucesivas noticias sobre las peripecias policiales y jurídicas que rodearon la detención de Roldán y su puesta a disposición judicial, la aparente coincidencia de las cuatro asociaciones judiciales ha dado paso a la rectificación de dos de ellas y a las matizaciones de las otras dos, así como a la rotunda oposición de varios penalístas, para quienes la juez Ana Ferrer tiene vía libre en el caso.El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz-Conde aseguró que "no hay causa de nulidad aunque la detención hubiera sido ilegal, en cuyo caso debería deducirse testimonio por ese delito". Para Muñoz-Conde, "la actuación de la juez Ferrer debe continuar, ya que no podrá invalidarse por este hipotético motivo, dado que el sumario estaba iniciado antes de la detención". Afirmó que, de lo contrario, "cualquier delincuente, bien asesorado por especialistas en marrullerías jurídicas y fraudes de ley, podría prefabricar su detención ilegal para eludir sus responsabilidades penales".El engaño no vicia el caso

En la misma línea, el abogado penalista Gonzalo Martínez Fresneda considera que "el engaño del que hubiera podido ser objeto Roldán, por personas españolas o laosianas, para nada vicia de nulidad el procedimiento judicial seguido en España y el auto de prisión dictado contra él". Martínez Fresneda parte de que Roldán "fue detenido con todas las de la ley en territorio español, cuando se le tomaron las huellas, y que tal detención sería válida aunque previamente dos matones le hubieran puesto en manos de la policía española".

Este letrado criticó "la borrachera de garantismo" de algunos jueces, que les induce a confundir los términos, ya que la irregularidad en la detención puede originar nulidad cuando de ella se derivan pruebas contra una persona, no en este caso en que los indicios delictivos nada tienen que ver con la detención". Explicó que, de lo contrario, "para regresar al momento anterior a la ilegalidad habría que meter a Roldán en un avión y llevárselo a Laos para que allí optara por entregarse o fugarse, esto es, habría que colaborar a la posible fuga de un delincuente".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, rectificó la opinión expresada ayer en nombre de dicha asociación y señaló que "jurídicamente no puede ocurrir que [Roldán] quede en libertad". Añadió que "en el caso de que hubiera una detención ilegal o no ajustada a la ley, Roldán podría reclamar al Gobierno español o a quien fuera, pero a su vez tendría que hacer frente a sus propias responsabilidades en el proceso penal español". Alonso reconoció que, si se comprobara la falsedad de los documentos de entrega de Roldán, "a nivel político sería tremendo, ya que significaría que el Gobierno español habría sido engañado, tras sustraer al control judicial el procedimiento de extradición".

Arturo Beltrán, portavoz de la Unión Judicial Independiente, mostró su consternación por las opiniones judiciales de la víspera, que. "están aplicando principios propios de la prueba ilícita a la detención, que no es prueba". Explicó que "incluso si unos policías detienen ilegalmente a un delincuente y le torturan, siempre que no sea para la obtención de pruebas, tales funcionarios cometen delitos, pero no eliminan con su actuación el delito del detenido". Señaló que, en caso contrario "se institucionalizaría el fraude de ley, mediante detenciones ilegales prefabricadas". Añadió que "el que participa en el fraude no puede invocarlo" y que 1a indefensión de las víctimas del delito clamaría al cielo ante una eventual nulidad".Matices

Las otras asociaciones judiciales mantuvieron su criterio favorable a la nulidad de actuaciones, si bien lo matizaron. Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, estimó que "una vez subsanado el defecto, podría seguir la investigación". Por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Eduardo Perdiguero consideró que si la detención se produjo en país extranjero sin el conocimiento de sus autoridades "podríamos estar ante una detención ilegal que viciaría todos los actos posteriores".

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Antoni Gisbert, se refirió a que la "situación confusa exige pronunciarse con gran cautela", pero adelantó que la hipótesis de la nulidad no habría que descartarla". Gisbert reprochó a Belloch que hubiera "marginado a la juez y al fiscal".