La Corporación de Larraga pide perdón a las familias gítanas que queria expulsar
El Ayuntamiento de Larraga ha pedido perdón a las dos familias gitanas cuya expulsión del término municipal solicitó días atrás. Reconociendo el exceso del primer acuerdo plenario, incluida su anticonstitucionalidad, el consistorio navarro ha aprobado, en una nueva sesión plenaria, un acuerdo unánime con el apoyo de los concejales de Unión del Pueblo de Larraga y Herri Batasuna en el que se reconoce su "gran error".El Ayuntamiento acordó borrar del padrón municipal a ambas familias, una de las cuales llevaba viviendo en Larraga 20 años, tras una pelea entre dos jóvenes, uno de los cuales fue presuntamente acuchillado por uno de los integrantes de las familias gitanas. Se les dio 15 días para abandonar la localidad. En la nueva decisión del Ayuntamiento -han pesado también los acuerdos adoptados por la delegación del Gobierno en Navarra y por el Gobierno foral, que iniciaron distintas acciones legales para impugnar y anular los acuerdos municipales.
En la decisión del Ayuntamiento ha pesado la crítica de la organización SOS Racismo, que consideró la amenaza de expulsión como "el despertar de todos los fantasmas, mitos y perjuicios que históricamente la sociedad paya ha proyectado sobre el pueblo gitano". "Ese pueblo sufre", decía SOS Racismo, "los mayores índices de rechazo y de racismo por parte de nuestra sociedad".
La Corporación reconocía que la Constitución brindaba a todos los españoles el derecho a elegir libremente el lugar de residencia, pero añadía que tal decisión "conlleva unos derechos y, unos deberes, entre los que se encuentra el respeto a la vida e integridad física de los demás vecinos".
A partir de ahora, el Ayuntamiento solicitará a la justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que intervengan para. garantizar la ley en la localidad y vigilar de cerca la actuación de ambas familias. Muchos vecinos consideran que ambas familias -que, en total, suman seis personas- son las responsables de diversos robos. De hecho, más de 300 personas habían firmado un escrito previo a la celebración del polémico pleno pidiendo la expulsión.
