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EL 'CASO ROLDÁN'

Cinco fiscales de la Audiencia Nacional piden investigar si los documentos de Roldán fueron redactados por un español

Cinco fiscales de la Audiencia Nacional intentaron ayer abrir una investigación sobre los documentos de la extradición de Luis Roldán por si de ellos pudiera derivarse un delito de falsedad documental cometido por un español en el extranjero. Según un portavoz del grupo, la indagación propuesta no iba dirigida contra los policías que detuvieron a Roldán ni, por el momento, contra ninguna persona concreta. Las diligencias informativas, añadió, se limitaban al delito de falsedad, pero no contemplaban una posible detención ilegal.La proposición fue planteada a la vista de las informaciones publicadas por la prensa en torno a la posibilidad de que los papeles sean falsos y hayan sido redactados por un español. La misma fue esgrimida ayer por el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, y fue estimada suficiente por los fiscales para investigar el supuesto delito. La Audiencia Nacional no tiene competencia sobre los delitos que, por ahora, se atribuyen a Roldán, aunque sí la tiene sobre los delitos cometidos por un español en el extranjero.El teniente fiscal Eduardo Fungairiño y los fiscales María Dolores Márquez de Prado, Pedro Rubira, Ignacio Gordillo y Jesús Santos planteron al fiscal jefe, José Aranda, la apertura de la indagación tras aludir a una circular de la Fiscalía del Estado de 1989, que, según dijeron, les da cobertura para ello.

Dicha circular establece que los fiscales deben actuar ante las preocupaciones de los ciudadanos expresadas por los medios de comunicación o conocidas por el fiscal", aunque se trate de "hechos difusos o mal conocidos", pero que pueden ser constitutivos de delito. La circular añade, sin embargo, que el fiscal "no debe precipitarse a provocar la iniciación de un proceso penal sin suficientes elementos de juicio y sólo por noticias o referencias cuya exactitud no ha contrastado".

La apertura de diligencias no se llevó finalmente a cabo debido a que Aranda prefirió consultar con el fiscal del Estado, Carlos Granados, antes de darla luz verde. Los fiscales discreparon de la postura del fiscal jefe, pero tuvieron que esperar al resultado de la consulta debido, según uno de ellos, a que están "sometidos jerárquicamente": "Habríamos preferido que las diligencias se hubieran iniciado directamente desde aquí".

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