El PP cree un buen "punto de partida" el proyecto de Código Penal y dice estar dispuesto al acuerdo

Federico Trillo, portavoz del Grupo Popular para justicia e interior, calificó ayer el proyecto del nuevo Código Penal como 'un buen punto de partida" y aseguró quesu formación está dispuesta a "acuerdos en beneficio de toda la sociedad". Además señaló como un claro "esfuerzo por conseguir el consenso", el hecho de que, "con la que está cayendo, no hayan formulado"enmienda de totalildad". Javier Barrero, su homólogo socialista, dijo que se trata de un código "para 100 años que necesita el consenso de todos", aunque se mostró escéptico ante la actitud de los populares.

Trillo declaró que el nuevo proyecto ha asumido algunas de las tesis fundamentales que ellos pidieron cuando se debatió el proyecto de gobierno de 1992. El diputado popular señaló tres cuestiones importantes: elevar la mayoría de edad penal de los 16 a los 18 años; no incluir el delito de difamación y corregir la pretensión de sancionar más suavemente a los funcionarios que a los particulares que atenten contra derechos fundamentales y, por fin, fijar en dos años el tope de las penas privativas de libertad que pueden ser sustituidas por otras de distinta naturaleza.A pesar de ello, el PP ha presentado un total de 355 enmiendas parciales al articulado. Según Trillo "el sistema de penas sigue siendo el principal punto de preocupación para el Grupo Popular", ya que la rebaja que establece el proyecto supondrá, entre otras cosas, que quedarán en libertad, de golpe 13.000 reclusos que ahora cumplen condena".

Para los populares sigue siendo imprescindible el cumplimiento íntegro de las penas para terroristas y narcotraficantes y creen ineludible "una reforma integral de la legislación penitenciaria" que establezca medidas realistas sobre las previsiones actuales y fije la dirección judicial de la ejecución de las condenas.

Diego López Garrido, en nombre de IU-IC, hizo un resumen de las 220 enmiendas parciales que su grupo ha presentado al proyecto de Código Penal. Por una parte Izquierda Unida quiere que desaparezca del proyecto el delito de eutanasia, el del cuarto supuesto del aborto, a través de la ley de plazos, el delito de insumisión y pretenden que se rebajen las penas para los pequeños traficantes de droga y se agraven para los grandes traficantes.

En sentido contrario, IU quiere que el nuevo Código Penal establezca sanciones más duras para los delitos de violencia familiar y el acoso sexual en el trabajo.

López Garrido anunció que descenderán mayores penas para los usos fraudulentos de la informática, la utilización de información privilegiada, los delitos contra el medio ambiente, contra la libertad sindical y, en general, para los delitos de carácter económico y contra la Hacienda pública.

El Grupo Socialista ha formulado 75 enmiendas al proyecto, que según afirmó Barrero, nuevo portavoz de la comisión de Justicia e Interior, tratan de mejorar técnicamente el proyecto. Entre las enmiendas socialistas destacan el que se tipifique la apología, para toda clase de delitos; la consideración del síndrome de abstinencia como causa de exención de responsabilidad, aunque se propugna que el juez dicte en estos casos medidas rehabilitadoras.

Los socialistas introducen también la discriminación laboral para los representantes sindicales como delito y quieren que los jueces puedan fijar plazos de hasta 30 años en los que se prohíba recalificar terrenos que hayan sufrido el impacto de un incendio forestal intencionado.

Los nacionalistas catalanes quieren evitar que los condenados por cualquier delito que provoque alarma social puedan redimir sus penas "de forma incomprensible para la sociedad" mediante la aplicación y combinación de beneficios penitenciarios". Con este propósito, CiU ha presentado una enmienda al proyecto de ley del Código Penal para que, en esos casos, los beneficios penitenciarios sean aplicados sobre la totalidad de la pena impuesta y no sobre el máximo de cumplimiento de pena que prevé el Código Penal.

Otra de las enmiendas de CiU persigue la eliminación de las penas de prisión para los insumisos condenados por incumplimiento del servicio militar. El proyecto de ley del Gobierno elimina la privación de libertad para los insumisos que se niegan a realizar la Prestación Social Sustitutoria, pero la mantiene para los primeros. A juicio de los nacionalistas, el proyecto de ley no refleja "adecuadamente" el Estado de las autonomías.