El fiscal del 'caso GAL' se opone a la libertad de Sancristóbal
El fiscal Pedro Rubira se opuso ayer a la libertad del ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, en la vista de apelación contra la prisión que ayer tuvo lugar en la Audiencia Nacional. Rubira pidió que se mantuviese el auto dictado por el juez Garzón en el que se imputan a Sancristóbal delitos de detención ilegal, malversación de fondos públicos y tentativa de asesinato.Rubira sostuvo que no hay datos nuevos que aconsejen modificar la situación de prisión de Sancristóbal. El fiscal considera que los delitos en los que éste está presuntamente implicado son graves y de penas elevadas, por lo que no descarta que pudiera intentar eludir la acción de la justicia.
José María Stampa Braun, defensor del ex alto cargo de Interior, solicitó la libertad de su cliente y argumentó que en la causa no hay delitos graves probados, que alguno de ellos probablemente ha prescrito y que la alarma social que se invocó no existe, sino que se ha creado posteriormente, en alusión a los medios de comunicación.
La resolución de la sección primera de lo penal de la Audiencia se conocerá en unos días. Para hoy está prevista la vista del recurso del ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo, y el día 2, la del recurso del ex mando único de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez, todos ellos presos en el sumario del GAL.
Levantamiento de secreto
Precisamente, el juez Garzón tiene previsto levantar de forma inminente el secreto del sumario del caso GAL, según fuentes jurídicas. El secreto fue prorrogado el pasado día 23 de febrero, pero el magistrado pensaba levantar la medida y concluir la instrucción durante el mes de marzo.
Si este proceso concluye, el que se reabre definitivamente es el 1 / 88, conocido como caso Amedo, en el que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez fueron condenados a 108 años de prisión cada uno. El sumario ha llegado ya fisicamente al juzgado central número 5 y el magistrado tiene previsto investigar la financiación -presuntamente con fondos reservados del Ministerio del Interior- de los atentados contra los bares Batzoki y La Consolation, del sur de Francia, en el que seis personas resultaron gravemente heridas.
Garzón estudiaba ayer los recursos presentados por los abogados defensores de Rafael Vera y Ricardo García Damborenea contra sus respectivos autos de prisión. En medios jurídicos se señala que existen escasas probabilidades de que Garzón decida liberar a Vera o Damborenea cuando hace 10 días acordó enviarlos a prisión.
Por otro lado, Garzón no descarta llamar a declarar a Roldán en el sumario del caso GAL, a la vista de la declaración del ex jefe superior de policía de Pamplona, Eduardo Couto, quien manifestó que la noche del 4 de diciembre de 1983, cuando fue secuestrado Marey, él informó a Roldán de que Amedo y tres personas sin identificar pretendían pasar la frontera por Dantxarinea.
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