Un ayuntamiento navarro aprueba la expulsión de dos familias gitanas

Quince días. Ése es el plazo que el Ayuntamiento de Larraga (Navarra) ha dado, mediante un acuerdo de carácter plenario, a dos familias de etnia gitana que, en total, suman seis personas para abandonar el pueblo. En sesión extraordinaria, izquierda (HB) y derecha Unión del Pueblo Larraga han unido sus votos para declarar personas non gratas a los hasta ahora sus convecinos.

La razón esgrimida para una decisión como ésta ha sido la presunta agresión de uno de ellos, José Treviño Bermejo, de 17 años de edad, a Eliseo Rodríguez Álvarez, de 19, al que habría propinado varios navajazos durante una pelea ocurrida el pasado fin de semana.La organización SOS Racismo ha condenado esa determinación en un comunicado en el que lamenta el despertar de "todos los fantasmas, mitos y prejuicios que históricamente la sociedad paya ha proyectado sobre el pueblo gitano". Y recuerda que "este pueblo sufre los mayores índices de rechazo y de racismo por parte de nuestra sociedad".

El acuerdo municipal busca la justificación de una decisión se mejante en la actitud de las dos familias. Así, el texto dice en uno de sus párrafos que estas medidas "no suponen ningún rechazo generalizado hacia otros componentes de su propia etnia, que desde hace 40 años residen pacíficamente en la localidad" pero faculta al alcalde para que, de oficio, dé de baja en el padrón municipal a estas personas. Los seis amenazados de expulsión podrán recurrir en el plazo de un mes.

El Ayuntamiento de Larraga reconoce que la Constitución brinda a todos los españoles el derecho a elegir libremente el lugar de residencia, pero añade que tal decisión "conlleva unos derechos y unos deberes, entre los que se encuentra el respeto a la vida e integridad físicas de los demás vecinos".

Los dos grupos municipales consideran que el presunto agresor (que prestó declaración en el juzgado de la ciudad de Tafalla y quedó en libertad) y sus familiares han alterado repetidamente el orden público del pueblo, que tiene 2.000 habitantes. El consistorio reconoce que la ley es "ambigua" respecto a las causas que pueden provocar la baja en el padrón de un vecino. Sin embargo, el Ayuntamiento está decidido a trasladar a la Guardia Civil estos acuerdos para pedirles que expulsen a los seis vecinos. Más de 300 personas firmaron un escrito previo a la celebración del pleno pidiendo la expulsión. El alcalde, José Rodríguez, declaró que los navajazos al joven Eliseo Rodríguez (que evoluciona favorablemente de sus heridas) fueron "la gota que colma el vaso".

Muchos vecinos consideran que ambas familias gitanas son las responsables de diversos robos y hurtos aunque en ningún caso ha habido procesos judiciales derivados de estos hechos. Otros vecinos entienden que la expulsión es exagerada y que, en todo caso, debería ser suficiente el procesamiento.