El ministro gruñón

¡Cómo se han enfadado los socialistas con el señor Botín, presidente del Banco Santander, por sus comentarios sobre la reforma del sistema de pensiones en España! Ha propuesto que los trabajadores tengamos la libertad de elegir entre una pensión privada y una pública, y ello ha levantado una tempestad de críticas. Para los políticos bisoños, las palabras de un banquero pueden hacer temblar el Estado hasta sus cimientos.El ministro del ramo, siempre didáctico para con quienes nos equivocamos al llevarle la contraria, ha explicado que lo preconizado por el banquero equivalía a defender una pensión para los pobres y otra para los ricos; que el sistema público de pensiones carga con unos gastos de gestión mucho menores que los fondos privados; y que las contribuciones a fondos de pensiones privados gozan de una ventaja fiscal frente a las cuotas de la Seguridad Social. Este alumno quiere entender bien lo que le ha dicho el bueno de su profesor, antes de aprendérselo para nota.

El articulo 41 de la Constitución dice que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad". Pero añade que "la asistencia y prestaciones complementarias serán libres".

Según entiendo yo este texto, propone la creación de una pensión única e igual para todos los españoles, que les sirva de red frente a la necesidad; y añade que las pensiones por encima de ese mínimo podrán acumularse libremente, del modo que prefiera cada individuo y confiando sus ahorros a quien elija. Ese texto valida el reparto de pensiones no contributivas, pero me parece que no obliga a mantener el actual sistema de pensiones contributivas instaurado en tiempos de Franco. Una cosa es que el Estado otorgue una ayuda mínima financiada con impuestos a todo el que la necesite y la pida, y otra que recaude cuotas obligatorias para repartir unas pensiones contributivas lejanamente relacionadas con los ingresos de una vida de trabajó.

El economista James Buchanan, uno de los galardonados con el Nobel, sugiere que si ha de haber pensiones públicas, deben ser iguales para todos: así se evita que los gobiernos favorezcan a sus clientelas políticas y se establece un freno automático al gasto público, por lo costoso de una ayuda generosa y general.

Como el ahorro y capitalización de las pensiones favorece el desarrollo económico notablemente más que el reparto de beneficencia, la limitación de la ayuda pública a lo básico y el fomento de los fondos de pensiones privados no puede sino ser beneficioso para la nación. Lo que propone el señor Botín no es tan descabellado, si se modifica para ajustarlo a la Constitución.

El ministro afirma que la gestión de las pensiones públicas es barata. En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 1995, página 166, cuadro VII. 3. 2, Presupuesto de la Seguridad Social, sumo los siguientes gastos de gestión: financiación e inversión, 72.865 millones; recaudación e información, 184.001 millones. Como el gasto total en prestaciones económicas es de 7.104.292 millones, la gestión cuesta un 3,6%. La ley fija un máximo de un 1,5% a las comisiones de gestión de los fondos privados.

Además, que yo sepa, las cuotas de los fondos privados no gozan de mayor desgravación fiscal que las de la Seguridad Social, pues ambas reducen la base del IRPF. No estaba tan mal lo que dijo el señor Botín.

Ahora, para que su discurso sea totalmente coherente, debe proponer que los bancos, las casas de seguros y eléctricas se sometan a la regla general de que lo acumulado en fondos de pensiones para sus empleados quede fuera del balance y sometido a gestión independiente. Como dice Buchanan, todos iguales ante la ley.