Unas 800 personas han visitado en tres semanas la oficina que informa de los pisos que salen a subasta
Más de 800 personas han desfilado ya por la oficina de información de las subastas judiciales de pisos de la plaza de Castilla que se inauguró el pasado 2 de febrero. Jubilados que buscan un piso barato para sus hijos y parejas jóvenes con escasos recursos precisadas de un techo para casarse se han convertido en clientes habituales de monopolio de los subasteros (grupo de personas que amañan las subastas para quedarse los pisos que embargan los jueces por impago de la hipoteca u otras causas).
A pesar de la existencia de esta oficina (y de un juicio que se celebra ahora en la Audiencia de Madrid contra 24 subasteros y 23 funcionarios de justicia), algunos subasteros siguen campando a sus anchas por los juzgados. No sólo aparentan indiferencia ante la eficacia de la oficina, sino que siguen participando en las subastas. En el fondo, esa apariencia es falsa. Una mayor información sobre los inmuebles que salgan a subasta propiciará, cuando menos, nuevos competidores y reducirá, según sostienen fuentes del decanato de los juzgados, la posibilidad de amañar las pujas. Aún es pronto para ver la incidencia de la oficina.Desde la inauguración de esta oficina -que funciona de 10.00 a 13.00- no cesa el reguero de personas. "Desde gente que pide que le encontremos un piso baratito en tal zona", señala Patricia Ortega, una de las letradas que se encargan de informar a los usuarios, "hasta quien asegura que le quieren embargar su casa y solicita información sobre cómo evitarlo". "Intentamos aclarar que no somos una inmobiliaria", subraya Ortega. En su oficina, dice, se ofrece información sobre los pisos que salen a subasta y la forma de participar en la puja.María José Gandásegui, secretaria general del decanato de los juzgados, cree en el éxito de esta iniciativa. Siempre y cuando, sostiene, se consiga apartar a los subasteros.
No obstante, y entre otras medidas, Gandásegui es partidaria de una modificación legal que impida la cesión a terceros del inmueble adquirido en una subasta judicial. Advierte Gandásegui que detrás de cada subasta hay un dolor y gente que se aprovecha de ese dolor. El deudor, que pierde su casa porque no tiene para pagarla, y el acreedor, que activa el embargo judicial para resarcirse del impago. Y otros -los subasteros- que tratan de sacar provecho de ambas desgracias.
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