El Pleno del Congreso da vía libre al jurado con la única abstención del Partido Popular

El Congreso de los Diputados decidió ayer que cualquier ciudadano español mayor de edad, que sepa leer y escribir, que esté en el pleno ejercicio de sus derechos y no sea político en activo, militar, policía o se dedique profesionalmente al mundo jurídico tendrá, a partir del próximo mes de enero, el derecho y el deber de juzgar a sus conciudadanos por un primer catálogo de delitos que se ampliará notablemente cuando entre en vigor el nuevo Código Penal. Hacía tiempo que el Congreso de los Diputados no celebraba un acontecimiento "histórico". Ayer, todos los grupos, menos el Partido Popular, tuvieron ocasión de calificar de esta forma la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que ahora deberá pasar al Senado.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, dijo que era la jornada parlamentaria más satisfactoria que había vivido como ministro. El PP no se sumó a la fiesta: la ley queda aprobada con 182 votos a favor -el resto de los grupos- y las 124 abstenciones del PP. El proyecto ha merecido desde el inicio de su tramitación un alto grado de consenso entre los grupos y una oposición frontal del PP.Ayer casi todos estaban contentos. Belloch, que presentó el texto ante el pleno de la Cámara, se refirió incluso a la "gozosa paradoja democrática" de que el proyecto se aprobase un 23 de febrero, fecha cargada de significado por coincidir con el 14 aniversario del intento de golpe de Estado que el ministro calificó como "el episodio más tenebroso de la democracia española".

El titular de Justicia e Interior explicó que, además de la auténtica revolución jurídica que supone la institucionalización del jurado, hay que considerarla como una nueva forma de administrar justicia, con la exigencia de que todos los actores del proceso penal cambien su comportamiento: jueces, abogados y, en general, todos los profesionales de la justicia.

También se mostraba exultante Diego López Garrido, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya, que vio cómo se admitían la mayoría de sus enmiendas, algunas de gran calado.Nueve ciudadanos

López Garrido consiguió que el PSOE negociara una enmienda suya y del grupo vasco (PNV) por la cual se concreta, el objeto del veredicto del jurado. Tal y como se aprobó, el jurado "precisará el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable". Eso significa que el jurado español -integrado por nueve ciudadanos- dirá, entre otras cosas, que Pedro mató a Juan a tiros y que es culpable pero será el juez quien determine si es un homicida o un asesino.

López Garrido consiguió también que se añada una nueva disposición final según la cual, en el plazo de un año desde que se apruebe definitivamente este proyecto de ley, que ahora debe pasar por el Senado, el Gobierno enviará a las Cortes una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se introducirá con carácter general el principio acusatorio para todos los procedimientos penales y además se modificará el Estatuto del Ministerio Fiscal para adaptarlo a sus nuevas funciones en los procedimientos penales.

Emilio Olabarría, portavoz del PNV, mostró su abierta satisfacción por la puesta en marcha del jurado, aunque hizo alguna advertencia técnico-constitucional al proyecto.

Lorenzo Olarte, en nombre de Coalición Canaria, pidió que se "profundice" y se medite durante el trámite del Senado y mostró su disconformidad con lo que considera un abuso en la denominación del magistrado-presidente. Los portavoces socialistas lo tranquilizaron advirtiendo que no se trata de minimizar la función de los ciudadanos que integran en jurado, sino que la denominación responde a una mera consideración técnica.

Julio Padilla, portavoz del PP, en esta ocasión dejó claro que el proyecto no le gusta absolutamente nada, pero se mostró dispuesto a votarlo favorablemente si se suprimía la reforma de la prisión provisional que, con carácter general, para todos los procedimientos, ha colado el proyecto de ley del jurado. Con el proyecto aprobado se suprime también la institución del antejuicio para la aceptación o rechazo de las acciones judiciales planteadas contra los jueces.

Los socialistas dividieron la portavocía. Francisco Valls acusó a los populares de haber mantenido una constante actitud negativa y les atribuyó haber mantenido "una enmienda a la totalidad encubierta" además de decirles que, en su opinión, los populares "no quieren el jurado".

Álvaro Cuesta también en nombre del PSOE aceptó las enmiendas transaccionales de IU y del grupo vasco, y mantuvo el único enfrentamiento relativamente serio que ofreció el debate del proyecto. Julio Padilla, en la réplica, se aventuró a decir que los socialistas se habían alimentado de "la tradición de los tribunales populares" y Cuesta le respondió que "tradición por tradición, en la tradición de los sumarísimos es en la que algunos de ustedes han estado claramente implicados".