La peste y el cólera

Los hogares españoles han dejado de ser lugares seguros para la gente deseosa de rehuir los sobresaltos de la actualidad nacional e internacional; a través de la pantalla televisiva llegan no sólo imágenes espeluznantes de catástrofes ocurridas en todos los lugares de] planeta, sino también visitantes truculentos capaces de quitarles el sueño a sus involuntarios anfitriones. Si los honores de jefe del Estado concedidos por Televisión Española le permitieron a Sancristóbal abrir cuatro telediarios desde la cárcel para lanzar gravísimas acusaciones contra el juez Garzón durante varios minutos, también Amedo se coló el otro día de rondón en nuestros domicilios a través de una televisión privada, como un personaje de La noche de los muertos vivientes, para amenazar durante una hora al Gobierno con nuevas revelaciones sobre el terrorismo de Estado y los crímenes perpetrados por los GAL entre 1983 y 1986.Condenado en 1991 a 108 años de privación de libertad como inductor de seis asesinatos frustrados, en 1995 el ex policía continúa cumpliendo su condena y sometido a régimen penitenciario. A finales del pasado mes de julio, el Ministerio de Justicia e Interior le concedió el tercer grado, un beneficio carcelario que le permite salir a trabajar y sólo le obliga a regresar a la celda para dormir. En diciembre de 1994, la colaboración prestada por Amedo al juez Garzón en la reapertura del caso Marey ha mejorado su situación: el ex policía ni siquiera tiene que volver a prisión por la noche y se mueve por Madrid, bajo la protección de las Fuerzas de Seguridad, derrochando fanfarronería a través de entrevistas periodísticas, radiofónicas y televisivas.

Resulta lógico que el Gobierno y el PSOE sientan irritación y asombro cuando comparan la libertad de movimientos de Amedo, convicto de seis asesinatos, con el encarcelamiento de Vera, Sancristóbal, Damborenea y tres mandos policiales de la lucha antiterrorista, acusados de haber pagado a su delator pero pendientes aún de juicio. Esa perplejidad, sin embargo, no deben resolverla las reglas del sentido común, sino las normas del Estado de derecho. Es dudoso que el Ministerio de Justicia e Interior tenga competencias suficientes para retrotraer la situación del convicto Amedo desde el tercer hasta el segundo grado penitenciario, pese a su provocativa conducta y a su confesada participación en el secuestro de Marey. Ahora bien, tampoco es seguro que la reforma del Código Penal promovida por los socialistas en 1988 -el artículo 57 bis b)- para permitir al tribunal rebajar las penas de los arrepentidos de una banda armada en la sentencia dictada tras la vista oral pueda ser aplicada por el juez instructor en la fase sumarial; si la correcta interpretación de ese precepto no le concediese a Garzón tal facultad, Amedo debería ingresar en prisión directamente o por pérdida del tercer grado.

Sin duda, la benevolencia procesal de Garzón hacia Amedo está al servicio de una estrategia investigadora: extraerle toda la información posible bajo el temor de hacerle regresar a la cárcel. si no colabora. Ahora bien, ¿el deseable progreso de las investigaciones sobre los GAL exige como pago el indeseable precio de que Amedo continúe humillando a la sociedad española? ¿Tendremos que elegir entre la peste y el cólera? Durante la guerra fría, cualquier comentario crítico sobre el linchamiento de un negro en Misisipí podía ser ahogado por el reticente recordatorio del Gulag soviético; es monstruoso, sin embargo, utilizar un crimen para tapar otro crimen: nada impedía condenar a la vez al Ku-Klux-Klan y al KGB. Hay razones para creer que el caso GAL está empezando a crear ese tipo de falsos dilemas. Pero los intentos socialistas de obstruir el sumario Marey y las calumnias lanzadas contra el juez Garzón desde la prensa ultraconservadora no pueden esgrimirse en buena lógica como coartadas disuasorias para justificar el espectáculo de que un asesino ande suelto por Madrid barbotando chantajes y lanzando baladronadas.