El acusado reescribe su sumario

Un policía competentísimo", en opinión de Antonio Rosino. "Un gran profesional, brillante en su trabajo", según Julio Hierro. "Un número uno. Un funcionario modelo", en palabras de Miguel Planchuelo. Si de algo se habrán arrepentido los antiguos jefes del subcomisario José Amedo será, sin duda, de los elogios que le dedicaron cuando acudieron a declarar ante el juez instructor y durante el juicio en la Audiencia Nacional en junio de 1991. Estos comentarios laudatorios avalan ahora la credibilidad de un acusado, reconvertido en acusador, cuyo testimonio ha puesto entre rejas a la cúpula de Interior y amenaza con largas condenas a quienes le protegieron.El sumario 1 / 88, cuya reapertura ha solicitado el juez Baltasar Garzón y sobre la que posiblemente se decida hoy mismo, contiene las declaraciones prestadas en su día por el ex ministro José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el ex director general de la Policía Rafael del Río y los comisarios Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Antonio Rosino, Jesús Martínez Torres y Julio Hierro, entre otros. El propio presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Interior de la época, José Luis Corcuera, testificaron por escrito durante la vista oral. Sus testimonios recuperan su validez con la reapertura del caso.

Según la sentencia, dictada el 20 de septiembre de 1991, Amedo, acompañado de Michel Domínguez, se trasladó a Viana do Castelo (Portugal) "en misión oficial" el 31 de enero de 1986. El permiso para salir al extranjero "fue solicitado telefónicamente por el entonces jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, al director general de la Policía, Rafael Del Río, quien lo autorizó verbalmente". El viaje, agrega, se financió "con cargo a los fondos reservados ( ... ) mediante el pago que efectuó el jefe de la brigada regional de Información, Julio Hierro".

No obstante, el tribunal desvinculó la misión para la que fue enviado Amedo a Portugal, una misteriosa "investigación sobre un presunto tráfico de armas" de la que nunca se conoció resultado alguno, de lo que hizo allí: reclutar a los mercenarios que atentaron contra los bares Batxoki, de Bayona, y Consolation, de San Juan de Luz, en febrero de 1986. Tampoco quiso relacionar los fondos recibidos por los policías con el dinero que pagaron a los lusos por sus crímenes.

Sin embargo, con la impunidad que les garantiza haber sido condenados ya a 108 años de cárcel, Amedo y Dominguez parecen dispuestos ahora a cambiar su versión e involucrar a sus jefes en acciones que la sentencia consideró individuales, fruto del deseo de vengarse de ETA.

Durante el juicio, Vera se responsabilizó "personalmente" del control de los fondos reservados e indicó que, aunque "no queda constancia" de su uso, "los controles que existen son muy estrictos". Barrionuevo calificó de «posible, pero muy improbable", la desviación de dinero hacia fines distintos a la seguridad del Estado, aunque se escudó en el secreto para no detallar los mecanismos de control.

Vera aventuró, como mera opinión, que no había una organización estable tras los atentados de los GAL, sino "grupos inconexos" de mercenarios. Corcuera admitió que nunca dio orden de investigar a los GAL o la relación de Amedo y Domínguez con dicho grupo, limitándose la policía a colaborar con las iniciativas de los jueces.

"Tenga en cuenta que estamos hablando de un grupo compuesto por franceses, portugueses y algún norteafricano, que operan en Francia. ¡Oiga! Es que me lo pone muy difícil para investigar esto", se justificó el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, a preguntas del abogado Miguel Castells. González dejó escrito ante el tribunal que, en sus múltiples entrevistas con las autoridades francesas desde 1983, "no se mencionó, que yo recuerde" a los GAL. Sí se habló de ellos, según Martínez Torres, en la reunión que Barrionuevo mantuvo en Madrid con su colega francés, Pierre Joxe, en abril de 1985.

Pese a los elogios a su eficacia, Planchuelo, superior de Amedo como jefe de la brigada regional de Información de Bilbao desde 1981 a 1984 y luego como jefe superior de la ciudad, admitió ante el juez que nunca recibió información directa de ninguna de las investigaciones en las que intervino el subcomisario, el único, por otro lado, autorizado a utilizar una identidad falsa: la de Genaro Gallego Galindo, cuyas primeras letras coinciden casi infantilmente con las del grupo terrorista, como hizo notar Garzón.

El funcionamiento de la más importante brigada de información de la Policía, con competencia para la lucha antiterrorista en el País Vasco, era "un poco anárquico", según Planchuelo. Los componentes de la brigada regional de información tienen autonomía de acción en el ámbito de sus investigaciones, sin necesidad de autorización previa por parte del jefe de brigada, al que darán cuenta del resultado, aunque tampoco es preceptivo". Eso sí, "lo normal es que el jefe pregunte a dónde han ido o qué han hecho".

El funcionamiento supuestamente autónomo de las fuerzas policiales en el País Vasco quedó patente en la explicación oficial que se dio al secuestro frustrado del etarra Larretxea en octubre de 1983, la única operación de guerra sucia reivindicada por Interior. "Asumí, la responsabilidad de estos hechos diciendo que respaldaba a quienes habían tomado la decisión", dijo Barrionuevo, en el juicio, dando por sentado que no partió del ministro una iniciativa que se saldó con el encarcelamiento durante 51 días de cuatro policías españoles en Francia y un incidente diplomático.

"Supongo que se me daría cuenta [del intento de secuestro]. No sé si antes, después o en el momento", declaró Del Río. Fue el jefe superior de Bilbao, Álvarez, quien se responsabilizó de haber organizado la operación y explicó que solicitó a Del Río que le cediera los agentes necesarios, "sin indicar la misión". Pese al desastroso resultado de la iniciativa, Álvarez no fue expedientado ni sancionado, sino ascendido en diciembre de 1984 a responsable del gabinete de Información y Operaciones Especiales de la Dirección de la Seguridad del Estado, con rango de subdirector general, a las órdenes de Julián Sancristóbal.