Multa de 53 millones a Price Waterhouse por la auditoría de Ebro

El Gobierno ha impuesto una sanción de 53,6 millones de pesetas a la auditora Price Waterhouse por incorrecciones en su informe de la compañía Ebro Agrícolas sobre. los resultados de 1992 y otra de 550.000 pesetas al auditor responsable del informe, José Manuel Hemández Mateos. La decisión sancionadora retoma el intento del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC) de imponer normas contables que garanticen "la imagen fiel de la compañía auditada" y reabre la polémica sobre el papel de las auditorías en la detección de las crisis empresariales y bancarias.

La sanción a Price, equivalente al 1% de los honorarios facturados por la auditora en el ejercicio anterior, se completa, tal como marca la Ley, con una sanción de 550.000 pesetas al auditor José Manuel Hernández Mateos, como autor del informe que contiene las imprecisiones y errores sancionados por el ICAC. Hace un año otra auditora, Coopers & Lybrand, fue sancionada con 37 millones por su informe sobre Torras.La sanción se impone por tres incumplimientos de normas contables en la auditoría. La primera es una aplicación contra reservas de gastos producidos por la reorganización de la sociedad, por un importe de 4.583 millones de pesetas; la segunda es igualmente la disminución de las reservas voluntarias de Ebro en 3.060 millones de las pérdidas derivadas de la adquisición por parte de Tabacalera de un paquete de acciones de Ebro a precios afectados por un descenso en Bolsa; y la tercera es el recurso contable de "retornar" a la valoración inicial de unos activos revalorizados para obtener un beneficio en libros en el momento de su venta.

El ICAC considera que estas operaciones contables en la companía tendrían. que haber originado las correspondientes salvedades; en el informe de Price se citan tales operaciones, pero ni se producen las salvedades ni se aplican a las cuentas. La resolución sancionadora del Instituto asegura que ."las tres prácticas contables analizadas tienen un nexo de unión, suponen reflejar una disminución de las pérdidas que debían haber sido contabilizadas por la sociedad, lo que se sustituye por cargos a reservas".

Las consecuencias sobre la transparencia e información de la situación económica y financiera de la empresa son muy graves. Según los cálculos del Instituto, los cargos a reservas por las operaciones mencionadas ascienden a 5.791 millones. Ebro Agrícolas presentó unos beneficios de 3.588 millones; de forma que si los gastos se hubiesen contabilizado de forma correcta, los beneficios mencionados se hubieran convertido en unas pérdidas de 2.203 millones. Como puede apreciarse, la proyección sobre la "imagen, flel de la compañía" implica una desviación drástica.

Igual sucede en el grupo consolidado Ebro, Agrícolas, que presentó 5.305 millones a 30 de septiembre de 1992. Como las cantidades imputadas a reservas ascienden a 5.924 millones resulta que una contabilidad correcta hubiera implicado reconocer unas pérdidas de 618 millones.

El informe de auditoria realizado sobre Ebro Agrícolas fue y es particularmente sensible debido a la posición de la empresa azucarera en el holding Torras y a la fecha de la ejecución del informe, en plena crisis de las inversiones kuwaitíes en España tras las operaciones de vaciamiento de empresas ejecutadas por los más altos directivos. La intervención del ICAC puede ser interpretada. legítimamente además como la reacción del Gobierno al hecho de que las graves convulsiones empresariales y financieras recientes (Banesto y su Corporación, Torras-KIO, PSV) no fueron detectadas satisfactoriamente »por los costosos procedimientos de auditoría y análisis.

La sanción promete además recrudecer el malestar que algunas sociedades de auditoría mostraron ante la apertura de expedientes por los casos mencionados de quiebra.