La última viuda de los GAL

¿Alguien, el Gobierno español o el francés, le ha ayudado como víctima de un atentado terrorista? Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, el último asesinado por los GAL, suspira: "No..." Silencio. "Nunca..." Más silencio. "Nadie..." Silencio casi interminable. Su marido, de 27 años, fue destrozado por una bomba el 24 de julio de 1987 en Hendaya, en el País Vasco francés. Nunca había tenido nada que ver con ETA. Del atentado fueron acusados los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, pero resultaron absueltos. Como otras víctimas, de los GAL, Martín ni siquiera ha conseguido ser reconocida como tal.Laura recuerda el cuerpo mutilado de su marido sobre la calle Atabala, donde vivían, después de que una bomba estallara a las cinco y media de la mañana al poner en marcha el Citroën Dyane 6 para ir al trabajo. Minutos más tarde, la mirada llorosa del alcalde de Hendaya, el socialista Raphael Lasallette, en el portal de la casa. "Entonces supe que había muerto", dice. Desde aquel momento quiere saber por qué, comprender la razón de que los GAL eligieran a su marido, conocer si el día fue escogido a propósito lo si también podía haber saltado en pedazos su hija de 14 meses, con la que García Gonea solía ir en el coche a comprar el periódico y el pan cuando no trabajaba en el turno de la mañana.

Juan Carlos García Gonea, de Tolosa (Guipúzcoa), huyó del cuartel antes de haber pasado dos semanas en la mili. Era un pacifista radical y rechazaba las armas. Por eso se fue a Beasain a decirle a la que entonces era su novia que no soportaba la vida militar y que se marchaba a Hendaya. Pasados los años, inició gestiones para poder volver legalmente. Hacía planes y soñaba con regresar a los añorados carnavales de Tolosa.

La antigua novia de Amedo, Inmaculada Gómez, declaró en el juicio contra el ex subcomisario haber tenido en su propia casa la bomba empleada en el atentado. La versión de esta testigo es que Amedo, año y medio después de que los GAL hubieran reivindicado su último atentado, estaba nervioso y se consideraba abandonado frente a las investigaciones incipientes sobre los GAL. Tras advertir una noche al jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, de que no se quedaría de brazos cruzados, decidió actuar por su cuenta para demostrar que hablaba en serio. Escogió una víctima fácil simplemente porque vivía al otro lado de la frontera, consciente de que no tenía nada que ver con ETA.

Laura Martín ha superado el miedo que le llevó a dormir durante meses abrazada con sus hijas y asida a un martillo, pero vive desde entonces para desentrañar la trastienda del atentado. Sigue angustiada las noticias sobre los GAL e intenta intervenir como puede. El 3 de marzo pasado, cuando empezó a hablarse de la concesión del tercer grado a Amedo y Domínguez, escribió una extensa carta de su puño y letra al entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch.

Le decía que ya no le mueve el odio, la sed de venganza ni el deseo de revancha, sino la necesidad de saber, de saberlo todo. "Le suplico que no colabore en conseguir la impunidad del Gobierno español", escribió. Martín explicaba al ministro que podía aceptar la idea de ver a los dos policías en libertad provisional, pero si colaboraban con la justicia y ayudaban a subir escalones en el organigrama de los GAL. No obtuvo respuesta.

Cuando vio en la televisión las imágenes de Amedo en la calle lloró "como una loca", recuerda. De rabia y de impotencia. La sorpresa fue mayúscula en, diciembre pasado, cuando supo que los dos ex policías habían empezado a contar cosas al juez Baltasar Garzón. Se confirmaba un viejo presentimiento. Había alentado siempre la, esperanza de que los dos condenados acabarían por hablar "para no llevar ellos solos la carga de los GA,L".

Ahora, Laura Martín sufre con cada incidente en torno a las diligencias, cada recusación del juez, porque teme que se frustre la esperanza de llegar al final. Sufre, sobre todo, cuando oye elogios a la lucha antiterrorista de algunos de los inculpados. "Me duele hondo'?, explica. "Como si el asesinato de Juan Carlos no fuera terrorismo. ¿O es que hay varios terrorismos, el bueno y el malo?".

Y no entiende bien la tremenda batalla política desencadenada por el antiguo equipo del Ministerio del Interior. "Si Barrionuevo es inocente, ¿por qué no renuncia al aforamiento y, se defiende a pecho descubierto?", se pregunta. "Si Felipe González tuvo algo que ver, que reconozca que se equivocó, y si es inocente, ¿por qué no facilita todos los medios para la investigación?".

Martín mantiene en paralelo una batalla legal de la que le cuesta hablar, como si le diera vergüenza. En los cuatro años siguientes al asesinato de su marido ni se le ocurrió solicitar una indemnización. Le repugnaba la idea de que la desaparición de Juan Carlos pudiera compensarse con dinero. En 1991, sin embargo, Cristina, Cuesta, hija de un directivo de Telefónica asesinado por ETA y fundadora de Gesto por la Paz, le insistió para que luchara por ser reconocida como víctima del terrorismo y le convenció de que debía exigir una indemnización, aunque sólo fuera por el futuro de las tres hijas del matrimonio.

Su peregrinaje para conseguirlo no ha terminado. Le costó tres años obtener un certificado de que su marido murió en atentado que finalmente: firmó el 11 de marzo de 1994 el fiscal de Bayona, Jean Pierre Nalion. De momento, el Gobierno es pañol le ha negado cualquier tipo de pensión o indemniza ción. El primer motivo es que la ha solicitado fuera del plazo de un año desde el fallecimiento de su marido. Otro argumento de fondo esgrimido por el Servicio Jurídico del Estado de Justicia e Interior, según dictamen firmado el 5 de octubre de 1994 por Emilio Jiménez Aparicio, es que la legislación española ampara sólo a las víctimas de actos terroristas cometidos en España. Las fronteras todavía existen, y a García Goena le asesinaron unos pocos metros más allá de la raya separadora entre España y Francia.