Las acusaciones siguen en pie

Las acusaciones judiciales sobre Javier de la Rosa y sus colaboradores siguen en pie a pesar de su puesta en libertad. El juez Joaquín Aguirre ordenó el 19 de octubre de 1994 el ingreso en prisión de Javier de la Rosa como autor de los, supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil mientras fue presidente de la sociedad Grand Tibidabo.Las pérdidas que la gestión de De la Rosa ocasionó a Grand Tibidabo fueron evaluadas por el juez y la fiscalía en más de 10.000 millones de pesetas. En consonancia con ello, la fianza de responsabilidad civil fijada contra el financiero fue de 13.333 millones.

La instrucción del caso ha puesto al descubierto los métodos de gestión de Javier de la Rosa. Desde su cargo de presidente, De la Rosa utilizó los recursos de Grand Tibidabo para colocar sus propias empresas en dificultades, como en el caso de la clínica New Teknon, o en las que tenía participación. El dinero de los 9.000 pequeños accionistas de la empresa sirvió también para financiar las actividades del propio financiero, que se autoconcedió préstamos por varios miles de millones de pesetas para su sociedad patrimonial Quail. Esta misma sociedad recibió también financiación desde Grand Tibidabo por el mecanismo de conceder créditos a terceras sociedades que luego prestaban por el mismo importe a Quail, como en el caso de la inmobiliaria madrileña Lista 16.

Asimismo, la caja de Grand Tibidabo financió operaciones como la compra de Urbas, por 3.000 millones de pesetas, sin interés aparente para la sociedad financiadora, y que el juez calificó como "tosticera". El diario nacionalista El Observador -promovido por el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, y que ya ha dejado de editarse- recibió también su parte del botín: 780 millones de pesetas, que algunas fuentes elevan a más de 1.000 millones de pesetas.

Sin embargo, este no es el único frente que tiene abierto el financiero. La Corte Comercial de Londres ordenó, a instancias del grupo Torras-KIO, el embargo de sus bienes,por 500 millones de dólares, hasta 65.000 millones de pesetas, por sus supuestas responsabilidades en su etapa como vicepresidente del grupo árabe en España.La decisión de la Corte de Londres es consecuencia de una demanda civil interpuesta por KIO contra De la Rosa y otros 10 ex gestores de Grupo Torras.