El gerente del Consorcio de Realojamientos apoya su legalidad

El gerente del Consorcio para el Realojamiento,de la Población Marginada, Julio Fernández Mato, contradijo ayer, aportando documentos, el informe elaborado por juristas de la Delegación del Gobierno, según el cual esta entidad encargada de la erradicación del chabolismo es ilegal (ver EL PAÍS del pasado 6 de febrero)."Tengo clara la legalidad de la institución, la duda la suscita alguien interesado en que el consorcio no funcione, es una forma de desviar la atención del verdadero problema", aseguró, eludiendo dar nombres.

Fernández Mato, cree que la lectura que hacen los abogados del Estado de la situación legal del consorcio es errónea. "Las interpretaciones jurídicas son infinitas", añade el gerente, también abogado. "Pero que ese informe, del que yo no dispongo, se filtre a los medios de comunicación antes de pasarlo a trámite me parece o una desgraciada coincidencia o una maniobra para cargarse la institución", concluye.

El citado informe fue solicitado al equipo jurídico estatal por el anterior delegado del Gobierno, Arsenio Lope Huerta. Hace tres días, Fernández Mato manifestó a este periódico: "Me da la impresión de que el informe responde a una estrategia del anterior delegado del Gobierno, es una coartada jurídica para marcharse del organismo y endosarme la patata caliente".

Lope Huerta

Sin embargo, ayer Fernández Mato salvó a Lope Huerta de toda sospecha: "Hizo importantes esfuerzos para poner de acuerdo al Ayuntamiento y la Comunidad, pero como delegado entendió que quizá no debía asumir la presidencia del consorcio cuando ni la cesión de suelos y pisos ni la gestión económica dependen de él".

Los abogados del Estado basan su conclusión sobre la ilegalidad del consorcio en que el convenio de creación de este organismo, firmado en 1986 por el Ayuntamiento, la Comunidad y la delegación del Gobierno, y prorrogado en 1988 por las dos primeras instituciones, no ha sido ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ni por la Asamblea de la Comunidad.

Sin embargo, Fernández Mato, mostró ayer documentos que reflejan que el Pleno municipal ratificó el citado convenio el 28 de febrero de 1986 y también el 30 de septiembre de 1988.

Uno de estos documentos probatorios está certificado por el secretario general del Ayuntamiento de Madrid, Mario Corella, que, sin embargo, aseguró lo contrario a este diario el pasado 3 de febrero.

Fernández Mato esgrime otros documentos oficiales para apuntalar la idea de la legalidad del consorcio: la publicación del convenio de 1986 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el de la Comunidad, además de un acuerdo regional de 1988. En la ciudad viven.1.800 familias, chabolistas.