El tribunal da por válidas las pruebas contra los subasteros y ordena que siga el juicio

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Las penas que pide el fiscal para los acusados en este macrojuicio oscilan entre los tres meses de cárcel y los nueve años para los subasteros, además del pago de entre un 20%- y un 50% de las ganancias que obtuvieron entre 1980 y 1987, así como la inhabilitación entre tres y seis años para los funcionarios judiciales que, supuestamente les ayudaban en su actividad falsificando documentos y facilitándoles información privilegiada.

Ayer, ante un público formado por familiares, abogados neófitos, afectados y periodistas, comenzaron a testificar los acusados. Todos intentaron huir de las cámaras, ocultándose tras abrigos, capuchas, periódicos, sombreros o algún familiar que ejerció de contundente guardaespaldas.

Ernesto García López fue el primero de los 48 acusados llamados a declarar. Se trata del acusado con más cargos: se le imputan más de 50, por maquinación para alterar el precio de las cosas, coacción, estafa y cohecho. El fiscal pide para él la pena máxima solicitada en este juicio: nueve años de cárcel y el 50% del valor de los inmuebles subastadobs. El letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo se encargó de la defensa del supuesto subastero, término que los inculpados rechazan rotundamente. "El término subastero nunca lo he entendido, nosotros somos licitadores; licitadores habituales", afirmó desde el banquillo el acusado.

García López, un industrial con negocios de hostelería y de pesca, según explicó ayer ante el tribunal, contestó a las preguntas del fiscal durante más de una hora. Sin titubeos y con constantes "no recuerdo" y "no sé", repasó sus negocios inmobiliarios desde 1980 hasta 1987, año en que fue acusado de las actividades que ahora se ven en el juicio.

"Hasta el año 1983 tuve una empresa de transporte público. Luego, como una actividad más de mis negocios, me dediqué a la compra en subastas públicas", recordó el acusado.

Abonado al BOE

Sobre cómo se enteraba de las subastas, García López fue claro y descartó en todo momento el pago a funcionarios judiciales para obtener trato de favor. "Estaba abonado al Boletín Oficial del Estado y al de la Comunidad de Madrid. De ahí mis colaboradores y yo sacábamos toda la información que necesitábamos".

El acusado afirmó conocer "de vista" a la mayoría de los acusados, pero negó rotundamente los conciertos previos con ellos para impedir el desarrollo normal de las subastas de los juzgados.

Según el fiscal, entre las prácticas empleadas por esta organización destacan las llamadas subastillas (una puja restringida entre ellos para pactar, un precio artificial), coacciones contra las personas que querían recuperar sus propiedades, maquinaciones para espantar a los incautos y también sospechosas modificaciones de documentos oficiales. Algunos subasteros, siempre según el relato fiscal, incluso exigían dinero a terceros a cambio de no entrar en las pujas.

Según el acusado, él se dedicaba a la compra y venta en subastas -pisos, garajes, trasteros o edificios embargados- para obtener beneficios, pero todo dentro de la legalidad. Para ello, García López tenía la empresa Damad, SA, con oficinas en las calles de Menéndez Pelayo, Miguel Yuste y Bravo Murillo. En esta última oficina fueron incautados por la policía los documentos que ayer presentó el fiscal y que el abogado defensor dijo no haber tenido acceso durante la instrucción del sumario. "No recuerdo si yo firmé esto", afirmó el acusado revisando dichos ficheros. García López añadió que la policía entró en su oficina dos veces, la segunda cuando él ya estaba arrestado. "No estuve presente y no sé si lo que está aquí es mío o no".