Los abogados de la Delegación del Gobierno creen ilegal el consorcio realojamiento

Siguiendo esta interpretación, esa misma falta de ratificación parlamentaria y municipal dejaría en tierra de nadie la adscripción de los cerca de 65 trabajadores que conforman su plantilla. Dos auténticos torpedos para un organismo que ha gastado en los últimos ocho años más de 12.000 millones de pesetas -procedentes fundamentalmente de fondos municipales y autonómicos- y del que depende que más de 6.000 personas abandonen sus favelas y obtengan un techo digno donde dormir.Junto a estas posibles consecuencias legales, el informe, indirectamente, descubre tensiones políticas de fondo. Fuentes próximas al anterior delegado del Gobierno, Arsenio Lope Huerta, que fue quien encargó el estudio, entienden la supuesta falla legal sobre la que se asienta el Consorcio como una muestra del desinterés de la Comunidad y del Ayuntamiento en comprometerse en la lucha contra el chabolismo.

El propio gerente del Consorcio, Julio, Fernández Mato, que reconoce haber tenido noticias del informe, alude a esta posibilidad, aunque apunta en otra dirección. "Me da la impresión de que el informe responde a una estrategia del anterior delegado del. Gobierno: es una coartada jurídica para marcharse del organismo y endosarme la patata caliente.

"¿0 acaso el delegado del Gobierno pidió al Ayuntamiento y a la Comunidad que ratificasen el convenio?", razonó Mató, para, acto seguido, extenderse: "La nueva delegada del Gobierno [Pilar Lledó, que accedió en diciembre al cargo] también tiene la duda hamletiana de si asumir o no el Consorcio y su responsabilidad".

El malestar del responsable de los realojamientos surge de lo que, a su juicio, ha sido una atribución interesada de responsabilidades políticas al organismo. "Al Consorcio se le ha dado una entidad política de la que carece. El Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno", indicó Mato, "atribuyen la responsabilidad a una entidad que en el fondo es instrumental. Así, debemos cargar con todo lo feo del realojamiento, cuando los responsables son ellos y de ellos proceden los fondos".

El gerente, con todo, no restó cierto fundamento al informe de los abogados del Estado. En este sentido, Mato manifestó su preocupación por el futuro de sus trabajadores -"es cierto, no se sabe adónde irán cuando acaben los realojamientos"-, y aventuró. que en la constitución del Consorcio se pudo incumplir algún requisito. "Pero, si quieren que funcione, que lo ratifiquen. Y si no quieren que funcione, pues que lo disuelvan", zanjó Mato.

Nada que ver

Las administraciones aludidas por el reto de Mato -respondieron con distinta intensidad a la carga activada por los abogados del Estado. La presidencia de la Asamblea, aunque reconoció que el citado convenio jamás había pasado por el Parlamento, insistió en que este hecho no implicaba ningún incumplimiento: "La Asamblea nada tiene que ver con el consorcio, aunque puede discutir sobre este ente público e incluso impulsarlo".

El Ayuntamiento a través de su secretario general, Mario Corella, manifestó que, efectivamente, el acuerdo fundacional no se ratificó en el pleno, dado que se entendió que era competencia directa del alcalde por la cuantía económica.

El convenio de 1986 fue firmado por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, en aquellas fechas José María Rodríguez Colorado -ahora consejero de Política Territorial-; el entonces consejero de Ordenación del Territorio, Eduardo Mangada, y el concejal delegado de Urbanismo, puesto que ocupaba Jesús Espelosín.

Quedaron así unidas las tres administraciones con la idea de "proporcionar alojamiento digno" para unas 1.500 familias en un periodo inicial de dos años. En 1988, y ya con las rúbricas del presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, y del entonces alcalde de Madrid, Juan Barranco, se ratificó la necesidad de mantener el Consorcio.