El presidente del Gobierno propone "reestudiar" la prisión preventiva
El presidente del Gobierno, Felipe González, propuso ayer "reestudiar" Ias condiciones de la prisión preventiva mientras que otros miembros del Gobierno, del PSOE y del PP consideran que la modíficación no es inminente. La puesta en libertad de los ex dirigentes de Banesto Mario Conde y Arturo Romaní ha originado un debate sobre la necesidad de tal modificación, pero existe una coincidencia general en la inoportunidad, ahora, de la reforma.
González propuso ayer en Santiago de Compostela el reestudio de esta materia tras reconocer que es una cuestión discutida "y seguramente discutible entre los juristas", según declaró. En cambio, en manifestaciones hechas por separado, el Gobierno, el PSOE y el PP desmintieron ayer la existencia de contactos con CiU para reformar las atribuciones de los jueces en materia de prisión preventiva, informa Servimedia.El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que "no hay conversaciones en este Parlamento en relación con este tema". Joaquín Almunia, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, dijo que "en este momento no hay ninguna conversación estable y no figura entre nuestras prioridades ni en las del Gobierno acometer una reforma legal en ese sentido".
El portavoz de Justicia del PP confirmó que "ninguna fuerza ha contactado con el Partido Popular a efectos de reforma alguna de tal ordenamiento procesal". Federico Trillo reconoció que el PP tiene abierto un proceso de estudio y revisión de las leyes de enjuiciamiento promovidas por el PSOE y se plantea también la futura reforma de algunos aspectos de la prisión preventiva. En concreto, considera que el concepto jurídico de alarma social es indeterminado.
La alarma social
Por su parte, el fiscal general del Estado, Carlos Granados, en relación con las altas fianzas impuestas a Conde y Romaní, señaló ayer a RNE que "la alarma social no se cuantifica, sino lo que acompaña a la misma". Explicó que "por alarma social nadie ingresa en prisión, sino porque junto a la alarma social se le estén imputando unos hechos delictivos graves". Aseguré que "ése es el dato esencial que debe tener en cuenta un juez".
Representantes de las principales asociaciones de jueces y fiscales y otros juristas hicieron algunas propuestas de desdoblar la función de instruir una causa y ordenar la prisión o libertad del encausado o de atribuir estas últimas medidas a un tribunal colegiado. Coinciden en la inoportunidad actual de tales reformas y reprochan que nadie se acordara del tenia cuando afectaba a otros 11.000 presos preventivos.
No hay un acuerdo entre juristas respecto a la propuesta de evitar que sea el propio juez instructor de una causa el que decida si corresponde la libertad o la prisión provisional en cada caso. Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, lo oportuno sería redefinir el sistema judicial para evitar el automatismo de que el juez instructor sea el que decida sobre la situación personal.
Para José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal Superior de Cataluña, la posible solución sería formar un tribunal de libertades, integrado por tres magistrados, cuya única misión sería la de decidir si procede la libertad o la prisión con carácter provisional. "El modelo, no obstante, repercutiría en la actualidad en un considerable colapso de los juzgados de instrucción", añadió.
