Archivado el escrito de Barrionuevo, que acusa a Garzón de filtrar el sumario sobre los GAL

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad archivar el escrito del diputado socialista y ex ministro del Interior José Barrionuevo sobre "supuestas filtraciones de diligencias practicadas en el sumario" del caso GAL, que instruye el juez Baltasar Garzón. No se acredita "dato alguno que permita atribuir" a Garzón "responsabilidad disciplinaria alguna". Barrionuevo expresó ayer su extrañeza por el archivo. "La última notificación recibida de la comisión era la de suspender por el momento cualquier decisión" sobre la filtración, afirmó el ex ministro, quien añadió que él recurrió contra esa suspensión. Barrionuevo cree que "lo jurídicamente correcto" habría sido que el pleno del CGPJ resolviera previamente el recurso contra la suspensión.

El acuerdo excluye de la responsabilidad no sólo al juez Garzón, sino también "a los demás funcionarios judiciales, todo ello", añade, "sin perjuicio de eventuales responsabilidades de otras personas no sometidas a la Potestad disciplinaria del CGPJ y que pueden ser valoradas en la vía correspondiente".La comisión disciplinaria -presidida por José Antonio Zarzalejos e integrada también por Antonio Marín Rico, Antonio Robles Acera, José Juan Dávila y José Antonio García Caridad- ha tenido en cuenta el informe del jefe del Servicio de Inspección, Román García Varela, que inspeccionó el juzgado.

El propio instructor hizo una investigación en la que concluyó que el abogado de la acusación popular José Luis Galán facilitó información a los periodistas sobre lo actuado con anterioridad a las 19.00 del 23 de diciembre de 1994.

Preguntado por este periódico, Galán confirmó el hecho: "El 27 de diciembre, una vez levantado el secreto de las actuaciones, ejercí el derecho a la libertad de información y el derecho a comunicar información veraz, de acuerdo también con el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales consagrado en el artículo 120 de la Constitución".

Filtración e información

Galán explicó así su actuación: "En ningún caso participé en una filtración, sino que, por el contrario, tras el levantamiento del secreto, ofrecí textualmente la información disponible para evitar torcidas interpretaciones y porque yo estaba siendo preguntado por los informadores sobre la implicación de determinadas personas que ni siquiera aparecían en lo actuado". Y añadió: "De todos modos, en algunos periódicos se han publicado informaciones que yo no he facilitado".

Por su parte, uno de los documentos remitidos en los últimos días por Garzón al CGPJ, asegura que no existe perturbación de su independencia "como consecuencia de las distintas denuncias y querellas que se han presentado en los últimos días, por entender que las mismas son expresión del ejercicio de derechos, con independencia del malestar que eventualmente pudieran causarme", dice, "y como actos de materialización del derecho a la tutela judicial efectiva, que en nada pueden inquietar a un juez".

Respecto a la denuncia de Barrionuevo ante el CGPJ, Garzón expone que "al ser este órgano el que conoce y resuelve, queda asegurada la correcta respuesta al problema, siendo para este juez motivo de seguridad en el amparo de su independencia el que tales denuncias no se lancen sin más a través de los medios de comunicación -lo que imposibilita la defensa o respuesta por razón del medio utilizado-, sino que se lleven al CGPJ".

La acogida de los políticos a la declaración del CGPJ del miércoles último frente a los ataques a Garzón es muy variada. El presidente del PP, José María Aznar, la consideró ayer en la COPE como "demostración de correcto funcionamiento". Señaló que la legalidad vigente es lo que ampara al juez Garzón" y negó a los socialistas "autoridad moral" para criticarle, después de llevarle en sus listas electorales.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, uno de los políticos que contribuyó a perturbar a Garzón, acusó al CGPJ de "corporativismo" y aseguró que "ni la politización de cualquier sumario, ni la respuesta corporativa ayudan, sino que atacan a la imparcialidad de la justicia".

En la misma línea, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acusó al CGPJ de actuar "como un sindicato de los jueces y no como un órgano de disciplina y gobierno de la judicatura". Ambos políticos criticaron las declaraciones del vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, quien ayer contestó que si los altos cargos dejan a los jueces trabajar en paz, por su parte, "el asunto ha terminado".