Una tensión que urge resolver

Si se eleva la mirada sobre lo sucedido en España a lo largo de estas últimas semanas, no es difícil identificar la existencia de problemas no resueltos por lo que hace al encaje satisfactorio del Poder Judicial en el funcionamiento diario de nuestro sistema democrático. Me permitirá el lector que, sin ánimo alguno de agotar el listado de esos problemas, me aproxime ahora a tres de innegable relevancia.El restablecimiento de la democracia no solamente supuso, como en el resto de las administraciones públicas, la seguramente inevitable permanencia en la judicatura de quienes tan decisivamente sirvieron desde ella a la dictadura, sino que implicó también la eclosión de significativas actitudes críticas sepultadas durante años por la represión y por los riesgos inherentes a las manifestaciones de valor cívico. Fruto de la coyuntura de la transición fue la emergencia de una justicia adjetivada que pareció encontrar una de sus fuentes de inspiración en aquella teoría, entonces tan en boga, del "uso

alternativo del derecho". Lo que resultaba comprensible y hasta quizá encomiable en una coyuntura concreta, se hizo más discutible con el paso del tiempo en tanto alimentaba la sospecha en torno a la hipotética coexistencia de formas diferentes y hasta enfrentadas de administrar justicia en la vida española.

La idea de que podían y debían existir jueces y fiscales dedicados a la transformación de la sociedad mediante una utilización singular del ordenamiento jurídico, fue con toda probabilidad un exceso Hamado a generar senos problemas en el futuro. De puro absurdo que era el intento de convertir al Poder Judicial de pilar de la dictadura en agente de profundas transformaciones sociales y políticas, el intento no fue a mayores. Pero quedó de él la desmedida pretensión por parte de algunos de hacer de los jueces un poder volcado en la defensa, poco menos que exclusiva, de los valores considerados más progresistas del ordenamiento. Como si los poderes del Estado, además de estar sometidos a una especialización de funciones, estuvieran también obligados a especializar su sensibilidad a la hora de defender principios, derechos, libertades y deberes que obligan por igual a todos los servidores públicos y al conjunto de los ciudadanos.

En íntima conexión con la situación anterior, se habría de producir una minoritaria pero significativa vocación específicamente política entre algunos integrantes de la judicatura. Es probable que en cualquier democracia resulte poco deseable que el Parlamento o el Gobierno se nutran en una medida desproporcionada de funcionarios protegidos por situaciones de excedencia especial. La concepción de la política como continuación del cursus honorum funcionarial por otros medios, arrastra serias consecuencias negativas cuyo examen no viene ahora al caso. Que servidores públicos con tareas especialmente delicadas como son la justicia y la defensa puedan aficionarse al juego político a favor de un estatuto singular, hace la cuestión todavía menos apetecible.

En el caso de los jueces y fiscales no se adoptaron ensu día, porque nadie lo estiinó necesario, las cautelas constitucionales observadas en relación a los militares. La cosa no hubiera tenido importancia de haberse podido contar con la moderación de los actores políticos y judiciales. No ha sido así. Las cualidades presurnibles en los profesionales de la judicatura han resultado atractivo demasiado fuerte para el agudo sentido de- la oportunidad de políticos en apuros. La seducción de los políticos no ha sido al fin menos irresistible para algunos jueces. Y entre unos y otros hemos favorecido caminos de ida y vuelta de los tribunales a la política, a sabiendas de los riesgos implícitos en esos movimientos.

En sincronía con las dos circunstancias anteriores, se ha producido una notable ampliación de los campos de acción de la justicia, en España y fuera de España, en cuestiones de gran trascendencia política y social. Esta situación no solamente es, con toda probabilidad, inevitable, sino quizá también deseable. Pero debería haber obligado a la puesta al día de unos mecanismos de responsabilidad judicial y de garantías procesales en sintonía con las nuevas circunstancias. El crédito de instituciones básicas del Estado, el prestigio de partidos políticos y sindicatos, la vida de grandes corporaciones públicas y privadas, son cosas demasiado serias como para escatimar diligencia, prudencia y buen sentido a la hora de llevar adelante acciones judiciales relacionadas con ellas. La posibilidad de que estas acciones se convirtieran de inmediato en munición para la polémica política y periodística, subrayaba la urgencia para la renovación de aquellos mecanismos y actitudes. Es probable que la insuficiencia de resultados al respecto,, en combinación con los otros dos problemas apuntados, aporte el trasfondo capaz de explicar la existencia de unas tensiones cuya resolución urge hoy a nuestro sistema democrático.