La virtud necesaria
Es un lugar común afirmar que el actual clima de inestabilidad política está frenando la recuperacion económica y la creación de empleo. Pese a las tranquilizadoras declaraciones de Jordi Pujol el viernes de la semana pasada, la unión de hecho del PSOE y CiU no parece suficiente para disipar esa agobiante sensación de incertidumbre. La falta de diálogo entre Felipe González y Aznar está, contribuyendo a que los últimos escándalos pongan a prueba la resistencia del sistema democrático. De un lado, los populares arrojan sobre el Gobierno las vinculaciones del aparato del Estado con los GAL, el desvío delictivo de los fondos reservados y el sumario sobre Filesa, como si la guerra sucia contra ETA no hubiese comenzado antes de 1982 y la financiación ¡legal no les salpicase. De otro, el PSOE acusa al PP de sacrificar los intereses generales del país a sus ambiciones partidistas y de no defender la peseta, haciendo suya la indigna retórica patriotera que, identifica al Gobierno con la nación y a los opositores con el delito de alta traición.Las mayores discrepancias entre el PSOE y el PP versan sobre la duración efectiva de una legislatura que expira formalmente en junio de 1997: mientras Aznar exige elecciones generales inmediatas, la voluntad expresada reiteradamente por Felipe González de ejercer su mandato como mínimo hasta comienzos de 1996 debilita la hipótesis de una disolución apresurada de las Cortes. En cualquier caso, nuestro recargado calendario electoral hará trabajar a las urnas casi de inmediato; aunque el trayecto de cada legislatura dure cuatro años, el escalonamiento de otros comicios diferentes a lo largo de ese largo recorrido permite a los votantes lanzar mensajes políticamente significativos desde las estaciones intermedias. La renovación el 28 de mayo de todos los ayuntamientos y de 13 de las 17 comunidades autónomas podría introducir un nuevo factor de inestabilidad; porque aun siendo cierto que cada convocatoria -municipal, autonómica, europea, legislativa- tiene su propia lógica y no es mecánicamente extrapolable a las restantes, unos resultados que confirmasen las tendencias apuntadas por las elecciones de junio (el declive socialista y el ascenso del PP e IU) reforzarían notablemente las incertidumbres políticas.
Apenas salido de los comicios municipales y autonómicos, el Gobierno tendrá que asumir la presidencia de la Unión Europea durante el segundo semestre de 1995. No son infrecuentes las convocatorias electorales mientras los países desempeñan ese mandato: Alemania pasó por ese trance el pasado octubre, y Francia lo hará el próximo mes de mayo. Pero si se quisiera despejar cualquier incertidumbre al respecto y evitar la disolución de las Cortes antes de filiales de año, el actual formato de la alianza entre el PSOE y CiU resulta inadecuado; aunque las declaraciones de Felipe González traten de convertir la necesidad impuesta por Pujol (deseoso de conservar intacta su capacidad de maniobra) en virtud política para el Gobierno (forzado a recibir ese sostén parlamentario gota a gota), la provisionalidad y la debilidad del acuerdo son patentes.
Para reducir las incertidumbres y aumentar las expectativas de estabilidad durante el semestre europeo, el tacto de codos parlamentario entre el PSOE y CiU, renovado día a día y ley tras ley desde julio de 1993 hasta hoy, debería ceder el paso a una alianza formal de duración y contenidos precisos. Sólo el gobierno de coalición como salida más segura, o el pacto de legislatura, como recurso alternativo, podrían garantizar que la presidencia española de la Unión Europea estuviese razonablemente a salvo de una disolución anticipada de las Cortes. La presentación por Felipe González de la cuestión de confianza ante el Congreso sería la vía adecuada no sólo para llevar a sede parlamentaria una crisis nacida de las incertidumbres políticas, sino también para transformar la azarosa unión de hecho entre el PSOE y CiU en una fórmula de gobierno estable.
