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El juez Moreno admite la querella del Gobierno contra el ex policía Amedo

El juez Ismael Moreno Chamarro admitió ayer a trámite la querella por calumnias presentada por el abogado del Estado en nombre del Gobierno contra José Amedo. El magistrado nada más admitir la querella suspendió el procedimiento hasta que el juez Baltasar Garzón concluya sus investigaciones sobre los GAL, ya que hasta que no haya sentencia firme en ese caso no se podrá determinar si las afirmaciones de Amedo contra miembros del Gobierno que dieron origen a la querella son falsas o no.

El magistrado hizo caso omiso al detallado informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el miércoles había solicitado que no se admitiera a trámite la' querella porque el procedimiento dependía de lo que se resolviese en el sumario de los GAL.

En medios del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ha sorprendido la decisión adoptada por el juez Moreno respecto de una querella que se interpuso en nombre del Gobierno, pero no por el fiscal general del Estado, que suele ser lo habitual, y respecto a la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó desfavorablemente.

Según un magistrado, la admisión a trámite dé la querella, por parte del juez Moreno, presupone la existencia de delito, lo que es contradictorio con el hecho de que hasta que no concluya un sumario que además se tramita en otro juzgado no se pueda determinar si el citado delito ha existido o no.

Lo procedente era no admitir la querella, según el citado magistrado que prefiere mantener el anonimato, y apuntar a que se volviera a presentar en el su puesto de que tras la conclusión de] caso GAL las afirmaciones de Amedo se hubiesen reputado como falsas.

Informe contrario

El informe elaborado por la fiscal María Dolores Márquez de Prado destacaba que la denuncia de Amedo se refiere a la intervención en el secuestro de Segundo Marey y otros delitos reivindicados por los GAL de personas pertenecientes, dependientes, relacionadas o afines a responsabilidades - de Gobierno, así como que con dinero público se financiaban actividades de ese grupo con el marchamo GAL. Y añadía que la naturaleza de los hechos y las características de los intervinientes producen una lógica y legítima demanda de información que, de no satisfacerse, "tal vez se correría el riesgo de que importantes acontecimientos de nuestra realidad social quedaran hurtadosal derecho de información".

La fiscal reconocía la necesidad de proteger el respeto, y la dignidad. de las instituciones, pero sin olvidar que en los sistemas democráticos el prestigio de los órganos del Estado se defiende mejor saliendo al encuentro de la opinión pública que ala sombra de las leyes penales.

Por otra parte, el ex ministro del Interior José Bartionuevo presentó ayer un nuevo escrito ante el CGPJ. El diputado del PSOE recurrió esta vez contra el acuerdo de la comisión disciplinaria del citado organismo por el que se suspendió la tramitación de la denuncia que el propio Barrionuevo había presentado contra Garzón por violación del secreto del sumario.

El escrito no tiene eficacia, ya que la propia comisión disciplinaria anuló el acuerdo contra el que se recurre y decidió solicitar un informe del servicio de inspección del Consejo sobre la violación del secreto sumarial antes de valorar el caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de enero de 1995

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