Sala dice que los jueces no deben estar en la lucha política

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Pascual Sala, se pronunció ayer en contra del llamado "gobierno de los jueces", porque éstos, "no están llamados a gobernar", y "no les corresponde adoptar decisiones políticas", según afirmó en una conferencia sobre Política, Justicia y Estado de Derecho, pronunciada en el Colegio Mayor Castilla de Madrid. Sala advirtió que las decisiones políticas "han de combatirse políticamente, en sede parla mentaria, por quienes forman parte de ella o ante la opinión pública mediante un debate democrático. Pero no se puede luchar contra ellas movilizando a los tribunales de justicia".

Recordó que la expresión "gobierno de los jueces" procede de la confrontación producida en Estados Unidos, en los años treinta, entre el Congreso y Supremo, al declarar éste sistemáticamente inconstitucionales las leyes de Roossevelt. La controversia se. saldó con la derrota de las posiciones del Tribunal, "que desde entonces no ha vuel

to a enfrentarse sistemáticamente al Legisltivo y al Ejecutivo para imponer su particular visión de la sociedad".Sala calificó de "patológico" un supuesto de "actuación de jueces, integrados en un movimiento u organización corporativa de facto [sin reconocimiento oficial], que hubiera asumido una función regeneradora del cuerpo social", si bien precisó que no se estaba refiriendo al movimiento italiano Manos Limpias. Según dijo, esa hipótesis, "por fortuna inexistente", estaría en España la margen de la ley.

El presidente del Supremo dijo que la Constitución y las leyes apártan a los jueces "del campo de la pugna política y les obligan a ajercer, de modo exclusivo, su tarea jurisdiccional.

Por su parte, Jueces para la Democracia se adhirió al manifiesto sobre el caso GAL y contra el Gobierno promovido por la Asociación Pro Derechos Humanos e, insistió en que "lo importante en este asunto es que se investiguen los hechos con toda profundidad, con arreglo a exclusivos criterios de legalidad".

El secretariado de esta asociación judicial progresista señaló que, frente a los delito; contra la vida y la libertad que se invesíigan, el poder "reacciona con ceremonias de la confusión, destacando problemas procesales cuya resolución está prevista en las leyes"

Asesinatos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) hizo pública ayer una resolución de su dirección en la que asegura: "No nos han dolido igual los asesinados por los GAL que los asesinados por ETA". El sindicato asegura que comparte "el fin que perseguían los GAL cuando nacieron: acabar con el santuario de que disponía ETA en Francia, que les permitía actuar casi con 'absoluta impunidad", pero agrega que "no comparte los métodos".

Los dirigentes del SUP explican: "No estamos convencidos de que Felipe González desconociera la acción de los GAL, sino más bien todo lo contrario". Pero añaden que, "si en la creación de los GAL han participado altos funcionarios del Estado, o si lo han permitido o si no han hecho en su tiempo todo lo exigible para acabar con sus crímenes, el Gobierno debía haber aceptado su responsabilidad y asumir el precio político por indultar a Amedo y Domínguez en cuanto ello fue jurídicamente posible".

Dentro de sus planteamientos para apoyar el fin que perseguían los GAL, el SUP razona: "No había posibilidad legal de luchar con eficacia contra ETA. en 1983 [año en que surgieron los GALI. Pasar a Francia, investigar, recabar información era y es alegal. Pero ¿estaba justificado, sin el apoyo francés, que policías españoles cruzaran la frontera para recabar información que permitiera luchar contra ETA? Nosotros decimos que, siendo alegal, era necesario hacerlo".

El sindicato policial cree que el caso GAL hubiera tenido más garantías si lo hubiera instruido un juez diferente a Baltasar Garzón y añade que "las sombras de duda sobre la escrupulosidad jurídica del procedimiento ( ... ) posiblemente se hagan mayores en el futuro".