Un pacto para el suelo

HAN SIDO muchos los factores qué en los dos últimos lustros han favorecido la especulación urbanística, poniendo más piedras en el ya de por sí difícil camino de acceso a una vivienda digna por parte de amplias capas de la población. Tiene, pues, pleno sentido que el ministro José Borrell haya llamado a rebato a las administraciones públicas para concertar un gran pacto sobre el suelo a partir de las recomendaciones hechas por la comisión de expertos sobre urbanismo que ha estudiado durante ocho meses este intrincado problema. No es la primera vez que desde el Gobierno se hacen llamadas de este tipo, sin mayores consecuencias, pero ello no quita que se deba una vez más ver la manera de generar suelo urbanizado en cantidades suficientes y a precios adecuados. Además, la entrada en vigor, a partir de ayer, de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, si bien despeja a largo plazo el mercado de la vivienda de alquiler en España, no hará sentir a corto y medio plazo sus efectos liberalizadores. Es decir, que se siguen dando las circunstancias para que los poderes públicos hagan todo lo que esté en sus manos para que las nuevas generaciones de es pañoles no tengan tan difícil como ahora acceder a ese disfrute de una vivienda digna y, adecuada del que habla la Constitución.

De todos los componentes que integran el producto vivienda, el del suelo es el que más influye en su precio final por ser el más escaso y el menos manipulable (no es un modelo de coche o de televisor que se reproduce en copias innumerables acumulando plusvalías). También es el que hace posible una cierta regulación de sus usos productivos y sociales por parte de los poderes públicos con el fin de garantizar la estabilidad de los mercados, su utilización racional y la convivencia social.

De ahí que las recomendaciones de la citada comisión se centren en la actuación administrativa en relación con este bien escaso y al mismo tiempo tan solicitado. Ciertamente, hablar de homogeneización de los regímenes del suelo, de agilización de los procedimientos expropiatorios, de simplificación del planeamiento urbanístico general o de elaboración de medidas eficaces frente a la acumulación especulativa de suelo, entre otras cosas, no es excesivamente original.

Hace tiempo que, con esta u otra terminología, los expertos hacen parecidas propuestas, quizás porque no hay otras. Lo verdaderamente original sería que los poderes públicos fueran capaces de llevarlas a la práctica alguna vez. Y no ser ellos mismos los que, a veces, retienen artificialmente la oferta de suelo urbanizable, como se ha denuncia ojo en el caso de algunos ayuntamientos de grandes ciudades. Como en otros problemas que vienen de lejos, la solución de los que plantea el suelo no depende tanto del diagnóstico técnico, hace tiempo conocido, como de la voluntad política de llevarlo a cabo.