La izquierda y el Gobierno

He leído atentamente las resoluciones de la reciente Asamblea Federal de Izquierda Unida y la conclusión a que he llegado es que ésta es una formación política que no se propone gobernar nunca. Esto no es nuevo, pero es importante que se reafirme en estos momentos.Digo que no es nuevo porque éste es el viejo problema de la relación entre izquierda y el poder político. En términos simplificados, la cuestión a debate entre los diversos componentes de la izquierda era si para crear una sociedad socialista y asegurar la democracia había que asumir las responsabilidades de gobierno necesarias, incluso en instituciones que se consideraban propias de la sociedad burguesa y capitalista, para reformarlas desde dentro o si, por el contrario, había que destruir el aparato del Estado capitalista para eliminar todo tipo de Estado, según el planteamiento anarquista, o edificar de nueva planta un Estado socialista que prepararía el camino para el comunismo, según la versión leninista.

La historia ha sido dura y después de los avatares de los últimos decenios es lógico que la querella no se plantee en los mismos términos. Pero cada componente de la izquierda ha sido marcado por su propia experiencia y esto aparece en el fondo de la pugna política de ahora mismo. Así, por ejemplo, después de la II Guerra Mundial los partidos socialistas asumieron importantes responsabilidades de gobierno en los países de economía de mercado y tuvieron un papel decisivo en la construcción de los diversos sistemas de Estado de bienestar. En cambio, los partidos comunistas acabaron metidos en otra lógica, la de aparecer como avanzadillas del bloque soviético en el seno del bloque occidental.

La dictadura franquista impidió que los partidos españoles viviesen la experiencia de la posguerra como la vivieron sus homólogos de otros países. Pero cuando llegó la democracia tuvieron que enfrentarse al mismo reto en circunstancias distintas. El PSOE tuvo que asumir la responsabilidad de construir un Estado de bienestar a ritmo acelerado a partir de 1982, con un aparato de Estado heredado del régimen anterior y apenas reformado por la UCD. El PCE no gobernó; se dividió en partidarios y adversarios del modelo soviético o entre "leninistas" y "eurocomunistas" y tuvo que replantearse su papel después de que las elecciones de 1977 hubiesen definido muy claramente su espacio político real, distinto al que tuvo bajo el franquismo. Durante la transición resurgieron en ambas formaciones los ecos de la vieja querella. Pero si el PSOE los superó con relativa facilidad y pronto aceptó el reto y la responsabilidad de gobernar, en el PCE las cosas fueron de otro modo. Una vez que las timas habían dejado claro que no iba a ser la fuerza hegemónica de la izquierda, resurtaron en su seno los viejos contenciosos, los reflejos tradicionales de un sector que no quería pagar el precio de gobernar o de comprometerse con las instituciones del Estado capitalista. Así, se discutió, por ejemplo, si había que comprometerse en la elaboración de la Constitución, o dejar que la elaborasen otros para convertirse en el eje aglutinador de los descontentos, si había que firmar los pactos de La Moncloa o dejar que fuesen otros los que cargasen con el peso del compromiso y mantenerse en una oposición pura y dura. Y en la medida que el PSOE se convertía en fuerza de gobierno y el PCE perdía votos, la discusión interna se encrespó y abarcó todas las grandes cuestiones de la política de aquellos años. Éste fue, en definitiva, uno de los temas fundamentales de la discusión que llevó al comunismo epañol a la crisis y a las escisiones de los años ochenta.

Pues bien, a tenor de lo que se ha dicho y aprobado en la reciente Asamblea Federal de la organización, creo que éste es el punto clave de la estrategia actual de IU, como si ahora se hubiese impuesto como mayoría lo que en los años de la transición fue afortunadamente para la democracia española, una minoría. Las resoluciones no están concebidas como propuestas de gobiemo, sino como envases elásticos en los que se puede meter todo, desde el respeto a la Monarquía hasta la exigencia de la República, desde la planificación económica y el rechazo de la economía de mercado hasta la aceptación de esta: misma economía de mercado corregida, sin precisar cómo.

Por una parte, las resoluciones de la Asamblea son un catálogo formado mediante la superposición de descontentos, insatisfacciones y quejas de la más diversa índole. Por otra parte, se proponen soluciones y alternativas. Pero ninguna de ellas va acompañada de las precisiones necesarias para que sean creíbles y viables, a saber: ¿cómo, con qué, con quién, dónde y cuándo? Todas se presentan como propuestas de izquierda, pero nada confirma que lo sean. ¿Por qué es de izquierda denunciar el tratado de Maastricht, por ejemplo, que es lo mismo que dice una buena parte de la derecha en el Reino Unido, en Francia y en otros países? Todas sirven para denunciar desde la izquierda la política llevada a cabo por el Gobierno socialista, pero nada demuestra que ninguna de ellas pueda dar una respuesta más de izquierda que la que ha dado el Gobierno socialista en cuestiones fundamentales de la pugna entre la izquierda y la derecha, como son la sanidad pública, las pensiones, la educación, las infraestructuras e incluso la lucha contra el paro en una economía abierta e internacionalizada como la nuestra.

En nombre de la izquierda se pueden hacer programas, mejores o peores, se pueden formular diagnósticos y avanzar soluciones. Pero todas ellas serán meras proclamas formales si no se aborda el problema fundamental de cómo y con qué instrumentos hacer posible que las propuestas se conviertan en medidas efectivas. Y aquí topamos con el obstáculo decisivo: ¿se asume o no el precio de gobernar este país en concreto, es decir, la responsabilidad de tomar decisiones generales y de llevarlas a la práctica, con sus contradicciones, sus posibilidades, sus aciertos y sus errores? ¿O lo que se pretende es no comprometerse en los temas decisivos, sabiendo que se puede decir cualquier cosa porque, en definitiva, la opinión no se convierte en decisión y no afecta ni en un sentido ni en otro a las vidas de los ciudadanos y las ciudadanas?

Cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982 tuvo que hacer frente a los desafíos que se acumulaban con el aparato de Estado que heredó, no con un aparato idílico. En parte, estuvo condicionado por él, en parte lo cambió, pero asumió sus responsabilidades, hizo frente a problemas nuevos y a contradicciones no previstas, ha tenido grandes compensaciones, ha pasado por tragos amargos y ha aprendido, como aprenden todos los gobernantes responsables, que si hay contradicciones entre la realidad y lo que uno piensa la culpa nunca es de la realidad. Lo mismo han tenido que hacer los que han gobernado en otros niveles, incluyendo desde luego a IU. La única experiencia de gobierno que ha tenido IU en España ha sido a nivel municipal o en alguna comunidad autónoma, en coalición con los socialistas. Pues bien, ¿en qué se ha diferenciado

Pasa a la página siguiente