Garzón encarcela a Sancristóbal por el 'caso GAL'

Julián Sancristóbal, director de la Seguridad del Estado cuando José Barrionuevo era ministro del Interior, fue encarcelado ayer por orden del juez Baltasar Garzón, en relación con el secuestro en Francia del ciudadano vasco Segundo Marey, perpetrado por los GAL el 4 de diciembre de 1983. Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro, fue detenido por la mañana tras ser acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación de fondos públicos, tres días después de que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez aportaran a Garzón abundante información sobre aquel hecho. Sancristóbal, de 42 años, negó ayer ante Garzón las imputaciones de Amedo, por lo que, ante las contradicciones, el juez los sometió a un careo.

También han sido detenidos Miguel Planchuelo, Julio Hierro y Francisco Saiz Oceja, que estuvieron destinados en el País Vasco cuando Amedo era subcomisario en Bilbao. Se esperaba que Francisco Álvarez se presentase voluntariamente ante la policía al conocer que era reclamado por Garzón, pero al cierre de esta edición se desconocía su paradero. En el momento del secuestro, Sancristóbal era gobernador civil de Vizcaya; Álvarez, jefe superior de policía de Bilbao, y Planchuelo, Hierro y Saiz Oceja ocupaban cargos de responsabilidad en la lucha antiterrorista en aquella ciudad.Todos los detenidos fueron jefes superiores de los ex policías Amedo y Domínguez y fueron llamados a declarar en reiteradas ocasiones como testigos durante la instrucción del sumario y en la vista del juicio en el que los ex policías fueron condenados a más de 108 años.

Sancristóbal fue detenido a media mañana de ayer y trasladado a la Audiencia Nacional, en cuyos calabozos quedó ingresado hasta que, a las 17.30, comenzó a declarar. Sobre las nueve de la noche, Sancristóbal concluyó su declaración ante Garzón, que decretó su prisión incondicional, así como el secreto de todas las actuaciones.

Sancristóbal fue trasladado a la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid). Después de la declaración del ex responsable de la Seguridad del Estado comenzó la del comisario Hierro.

Durante la mañana de ayer y hasta primeras horas de la tarde fueron detenidos en Salamanca el comisario Miguel Planchuelo y en su domicilio de Madrid el comisario Julio Hierro. Por su parte, Saiz Oceja fue arrestado en Bilbao, dónde dirige la brigada de la policía judicial.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, las detenciones están relacionadas exclusivamente con el segundo sumario del secuestro de Marey (reabierto en julio de 1993), y a los inculpados se les imputan posibles delitos de tentativa de asesinato -amenazaron de muerte a Marey- y detención ilegal, así como malversación de caudales públicos, por haber usado presuntamente fondos reservados para financiar el secuestro de Marey. Este hecho fue perpetrado por dos mercenarios franceses, en lo que constituyó la primera acción reivindicada por los GAL.

Otras fuentes judiciales han asegurado que Amedo y Domínguez facilitaron hace tres días datos que afectan a otros casos distintos al secuestro de Marey. Precisamente, estas nuevas declaraciones de Amedo y Domínguez han precipitado las detenciones. Fuentes jurídicas aseguran que ambos ex policías decidieron declarar ante Garzón tras haber tenido conocimiento de que el juez reabrió a principios de noviembre el sumario por los cuatro asesinatos de la cafetería Mombar, de Bayona (Francia), reivindicados por los GAL. Los ex policías implicaron durante su declaración, según fuentes jurídicas, a un ex dirigente socialista vizcaíno.

Las declaraciones de Amedo y Domínguez, actualmente en situación penitenciaria de tercer grado [vida fuera, de la prisión, en donde solamente pernoctan], han permitido, según fuentes próximas al caso, obtener indicios suficientes para ordenar las detenciones. La confirmación de tales indicios se ha conseguido mediante la investigación dé unas cuentas en Ginebra.

En octubre pasado, Garzón solicitó una comisión rogatoria para conocer los movimientos de dichas cuentas corrientes de Suiza, comisión que todavía no se ha ejecutado. Supuestamente, en 16 cuentas de Ginebra se produjeron diversos movimientos por parte de ex altos cargos del Ministerio del Interior.

En una cumbre de jueces anticorrupción celebrada en Ginebra a principios del verano pasado, el juez suizo Paul Perraudin comunicó a Garzón la existencia de cuentas corrientes en bancos de ese país manejadas por Luis Roldán, de las que los ex policías Amedo y Domínguez habrían extraído cuantiosas sumas.

Esto originó que Garzón solicitara a Perraudin, que investiga el caso Roldán, que le informara si en sus diligencias aparecen datos económicos que relacionen con los GAL a algún español y de si en sus pesquisas aparecen movimientos bancarios que favorecieran la actividad criminal de los GAL.

Los ex policías Amedo y Domínguez llegaron a primeras horas de la tarde a la Audiencia Nacional, en la que entraron a bordo de un Mercedes por el túnel de calabozos -una deferencia poco habitual-, subiendo inmediatamente a la segunda planta, donde se encuentra el juzgado de Garzón. Amedo, muy bronceado, vestía el habitual e impecable traje azul marino, en tanto que Michel Domínguez vestía deportivamente con un chubasquero amarillo.

Su presencia parecía obedecer a la posibilidad de tener que contrastar sus declaraciones con las de Sancristóbal a través de un eventual careo, que finalmente fue practicado. En su declaración, el ex director de la Seguridad del Estado fue asistido ante el juez por el abogado José María Stampa-Braun.

Sobre las siete de la tarde, el ex abogado de Amedo y Domínguez, Jorge Argote, se presentó en el juzgado para hacerse cargo de la defensa del comisario Julio Hierro, quién fue sometido a un careo con Amedo y Domínguez. Argote declaró que se había enterado por la televisión de la detención de Hierro y poco después recibió de su familia el encargo de adoptar su defensa. Argote no pudo asistir a Hierro porque Interior ya le había designado un abogado.

Por su parte, el abogado de la acusación popular, José Luis Galán, recordó que desde 1988 había pedido hasta en ocho ocasiones el procesamiento de Planchuelo, Hierro y Álvarez, al menos por encubrimiento, así como que se dedujese testimonio contra Sancristóbal. También solicitó que se investigara si, además de participar en hechos delictivos, se habían lucrado económicamente con los fondos públicos utilizados.

El sumario del secuestro quedó en el olvido hasta que fue reabierto, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en julio de 1993, para evitar que prescribiera a los 10 años de los hechos. Durante los nueve meses en que Garzón estuvo dedicado a la política, el juez Manuel García-Castellón continuó la tramitación y llamó a declarar a varias docenas de policías y guardias civiles. En abril de 1993, en vísperas de las elecciones en las que Garzón salió elegido como independiente en las listas del PSOE, el juez mantuvo un encuentro informal con Domínguez.