PSOE y PP temen que el Senado bloquee las instituciones si se le da poder de veto

Socialistas y populares coinciden en que el Senado no debe ser una Cámara de última lectura. Alberto Ruiz Gallardón, ponente del PP, y Bernardo Bayona, del PSOE, temen que si el Senado, tras su reforma, adquiriera el poder de veto que concede ser Cámara de última lectura se produciría un bloqueo institucional. Los ponentes nacionalistas catalán, Joaquim Ferrer, y vasco, Ricardo Sanz, ponen el acento en que la reforma del Senado conlleve un reconocimiento de los hechos diferenciales catalán, gallego y vasco.

Estas son algunas de las posiciones adelantadas por los principales ponentes de la reforma constitucional para hacer del Senado una Cámara de las autonomías. Hoy celebran su primera reunión en la que establecerán su programa de actuación para los próximos meses.PSOE y PP coinciden a priori en los aspectos básicos de la reforma, según adelanta Ruiz Gallardón tras mantener contactos informales con los ponentes. Comparten que la reforma constitucional debe limitarse a la composición y funciones del futuro Senado. En este aspecto, PSOE y PP presentan divergencias con los nacionalistas, especialmente el vasco Ricardo Sanz, al dejar éste la puerta abierta a que la reforma abarque el título VIII de la Constitución, de las autonomías.Consenso obligado

También coinciden socialistas y populares en paralizar la reforma constitucional si el consenso no incluye a los nacionalistas. Quieren evitar a toda costa que se repita la historia de 1978 en que el PNV no votó la Constitución. El acuerdo llega también a los plazos de la reforma. La propuesta debe ultimarse en esta legislatura, pero su aprobación será en la siguiente.

El mayor problema de fondo que apunta el ponente socialista Bayona es la función del Senado como Cámara de segunda lectura. A su juicio, si adoptara ese papel existe un riesgo de bloqueo institucional en la medida que la composición del Congreso y Senado pueden variar. Se podría dar una situación en la que CiU fuera partido decisivo en el Congreso para formar la mayoría e Izquierda Unida (IU) lo fuera en el Senado, con una nueva composición.Bayona añade que "el desequilibrio sería claro. Nos encontraríamos con que es el Congreso la Cámara donde se elige al presidente del Gobierno, donde se ejerce su investidura y se plantean las mociones de censura, con determinadas mayorías, y luego otras en el Senado podrían bloquear la actividad política. Por ello hay que medir el efecto que la reforma del Senado puede tener en el Congreso". El ponente socialista cree, en consecuencia, que primero hay que fijar las funciones del Senado y posteriormente su composición.En el terreno de la composición es el ponente popular Ruiz Gallardón quien adelanta que los senadores deben elegirse, al menos en un 50%, por los parlamentos autonómicos y superar el actual desequilibrio a favor de la elección directa por circunscripción provincial.También opina que son las comunidades autónomas las que deben decidir el ámbito de elección de los senadores: a su propia escala o a escala provincial, como puede suceder en aquellas comunidades, como la vasca, donde el arraigo territorial o provincial es muy fuerte. Los presidentes autonómicos deben ser, asimismo, senadores natos.

A juicio de Ruiz Gallardón, el Senado no debe disolverse, sino que se debe ir renovando en la medida que se celebren las elecciones en las distintas comunidades autónomas.

En cuanto a las funciones del futuro Senado, el ponente popular opina que no deben tasarse sino que debe ser el Consejo de Ministros el que decida dónde se tramita su primera lectura. A su juicio, los temas en los que el Senado debe tener competencia son la legislación básica y todas aquellas cuestiones que afectan a las comunidades autónomas.

Son los nacionalistas los que tienen más definidas las funciones que tendría con la reforma el futuro Senado. Joaquim Ferrer, de CiU, cree que, además de tramitar allí todos los proyectos de ley que afectan a las comunidades autónomas, también deben domiciliarse en la Cámara Alta las conferencias sectoriales; las comunidades autónomas deben hacer propuestas en la elección de miembros del Tribunal Constitucional y ejercer el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado.