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Interior asegura que no hay ninguna coordinación entre la Ertzaintza y la policía del Estado

No existe ningún tipo de coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado y la Ertzaintza (policía vasca), según afirman altos cargos del Ministerio de Justicia e Interior, que han pedido a este periódico no ser identificados públicamente. Éstos señalan que el reciente conflicto surgido entre el Gobierno central y el vasco tras la desarticulación del comando Vizcaya es sólo una anécdota. Entre unos cuerpos y otros no hay comunicación sobre robos de vehículos u objetos, requisitorias de personas o antecedentes delictivos, de sospechosos. El problema, según varios expertos, se hará más grave tras la incorporación de España al sistema informático Schengen, el próximo 26 de marzo.

La viceministra de Interior, Margarita Robles, y el consejero vasco Juan María Atutxa reconocieron el pasado jueves que existen "disfunciones" entre la Ertzaintza y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. La comisión técnica de coordinación creada en 1990 ha resultado "bastante poco operativa", según Robles.La Consejería de Interior vasca, requerida repetidamente por EL PAÍS, se ha negado a explicar su punto de vista sobre el conflicto alegando que "ya está en vías de solución". Fuentes de ese departamento se han limitado a replicar que los cuerpos de seguridad del Estado tampoco facilitan información a los agentes autonómicos.

El Gobierno de Vitoria tardó cuatro días en comunicar los planes terroristas descubiertos al comando Vizcaya, después de la captura de sus integrantes en Loiu. Esto suscitó un fuerte malestar en el Ministerio de Justicia e Interior por considerar que las personas sobre las que pende una amenaza de ETA deben ser alertadas inmediatamente. Tal incidente propició la reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco, la segunda que hay desde el despliegue de la policía autónoma en "1990.

En sentido opuesto a lo ocurrido con el comando Vizcaya, un alto responsable policial de Madrid asegura que entre los documentos encontrados en Tolón (Francia) al dirigente Félix Alberto López de la Calle, Mobutu, figuraban planes para atentar contra dos ertzainas y que la Guardia Civil les avisó inmediatamente a través de sus mandos.

Traslado de presos

Las autoridades de Madrid también se quejan de que agentes vascos trasladen presos desde Euskadi a puntos situados fuera de su territorio -básicamente a la Audiencia Nacional, en Madrid- cuando esa labor les corresponde a las policías del Estado. Un portavoz del Gobierno vasco replica que la Ertzaintza tiene potestad para ello, por ser una "policía integral". Fuentes de la Guardia Civil señalan que este cuerpo, en cambio, suele llevar a los reclusos hasta la prisión de Nanclares de Oca (Álava), desde donde la Ertzaintza los distribuye después a los demás cárceles del País Vasco."Ahora mismo estamos bastante a ciegas de lo que ocurre en el País Vasco", reconoce un jefe de la seguridad del Estado, que matiza que la información que llega al Gobierno central es la que facilitan directamente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

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No hay intercambio de información entre los bancos de datos de la Ertzaintza y los otros cuerpos del Estado. Eso hace, por ejemplo, que la policía nacional no pueda saber si una persona detenida en Madrid o Sevilla cuenta con antecentes delictivos por haber sido arrestada en el pasado por la policía vasca.

Otro tanto sucede con los vehículos robados en Euskadi: la policía autónoma sí difunde sus datos a las fuerzas de Seguridad del Estado, pero no acostumbra a informar más tarde de su recuperación y, por tanto, tampoco cursa la correspondiente anulación de la búsqueda, según Mariano Sáez, secretario general de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) en el País Vasco.

Hace tres semanas se produjo uno de estos casos: unos patrulleros policiales descubrieron en el barrio de la Concepción, en Madrid, un coche que constaba en el ordenador central como robado. Su proximidad a unos bloques militares hizo sospechar que se trataba de un coche bomba de ETA y se barajó la posibilidad de reventarlo con un pequeño explosivo. Pero antes de la explosión controlada, una última gestión permitió comprobar que el coche ya había sido recuperado por su dueño y que la denuncia de robo estaba sin efecto.

Altos cargos de Justicia e Interior exigen que se cree un organismo operativo para la coordinación entre cuerpos, con representación de la Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. "Eso permitiría contar con enlaces permanentes que allanarían muchos problemas", dicen.

Las fuentes informantes consideran que es necesaria la elaboración de un ley de coordinación de las diversas policías, donde se establezcan claramente los derechos y deberes de unas respecto a otras. Antoni Asunción barajó este proyecto a principios de año, pero no tuvo tiempo de sacarlo adelante debido a la corta duración de su mandato en el Ministerio del Interior por culpa de la fuga de Luis Roldán.

El 'cerebro' de Castellana entra en Schengen

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía están introduciendo un cúmulo de datos en el ordenador montado en un palacete del paseo de la Castellana, de Madrid. Esta base informática debe estar plenamente operativa antes del 26 de marzo de 1995 para entrar en conexión con el ordenador establecido en Estrasburgo por los países del grupo de Schengen.Datos de personas sobre las que pesan órdenes de busca y captura, de coches y objetos robados y otras cuestiones de interés policial serán puestos en común con otros países miembros del grupo europeo de Schengen.

La Ertzaintza, según fuentes de Interior, no está volcando sus archivos en el superordenador de Madrid y tampoco podrá tener acceso al mismo. Un experto, recalca, sin embargo, que las policías de los diferentes Estados federales alemanes tampoco tendrán entrada directa a la información de Schengen.

Al cerebro electrónico del paseo de la Castellana tendrán acceso la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los nueve países firmantes del Acuerdo de Schengen (ltalia, Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania y España) dispondrán de una macrobase de datos que podrá ser consultada por cualquiera de los Estados miembros. Las demoras en la introducción de datos en el cerebro de Schengen ha sido una de las claves del retraso que ha ido acumulando la puesta en marcha del acuerdo, prevista para el 1 de enero del año pasado.

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