El que no se mueva saldrá en la foto

Desde finales de los ochenta, los desequilibrios presupuestarios de la mayoría de los países europeos, España entre ellos, han alcanzado máximos históricos. Entre las razones, pueden mencionarse tres de naturaleza política:1. En materia presupuestaria, las prolongadas negociaciones que condujeron al Tratado de Maastricht no se guiaron por el principio de convergencia hacia el país mejor (como ocurrió en materia de inflación, tipos de interés o tipo de cambio), sino hacia el promedio: dada la diferente situación de partida, los límites fijados (un déficit y un nivel de deuda pública no superiores al 3% y al 60% del PIB, respectivamente), aunque ambiciosos para los países con mayores niveles de deuda (Bélgica, Grecia, Italia, Irlanda, etcétera), tuvieron un efecto políticamente permisivo sobre los países con niveles moderados (como Francia y España). En España, ese fenómeno fue patente: recuérdese cómo la mayoría de los partidos políticos criticaron que en el plan de convergencia de 1992 el Gobierno fijara para 1996 un objetivo de déficit del 1%.del PIB, inferior al límite del tratado. ¿Por qué el Gobierno es "más papista que el Papa"?, dijeron destacados políticos.

2. Alemania, tradicional paladín del rigor financiero, experimentó un agudo déficit presupuestario con motivo de la reunificación; a pesar de la singularidad del acontecimiento histórico que lo motivó, el déficit alemán sirvió de excusa a los restantes países europeos para mantener políticas presupuestarias expansivas. A ese hecho se agregó el significativo aumento del déficit que se produjo en el Reino Unido ya en la etapa Major, desequilibrio que se agravó por el adelanto con que en aquel país se manifestó una recesión que llegó más tarde al continente.

3. El excepcional crecimiento económico de finales de los ochenta ocultó la gravedad de los desequilibrios presupuestarios latentes, sin que se prestara atención a quienes -muy pocos- subrayaron la engañosa naturaleza cíclica de las. reducciones registradas en los déficit a partir de 1988. La euforia económicofinanciera de aquel periodo provocó en Europa una política presupuestaria prociclica, salvo en los países con mayor nivel de deuda. La elevación de tipos iniciada a finales de 1988 y la severidad de la recesión del periodo 1992-1993 pusieron al descubierto los graves desequilibrios fraguados antes.

Los factores políticos expuestos prevalecieron sobre el decimonónico "santo temor al déficit", sentimiento a la baja en las democracias contemporáneas desde que Keynes demostró, de forma irreprochable, que un déficit (¡coyuntural!) sirve para salir de una depresión; desde que se percibió que el Estado del bienestar es políticamente más popular si no se financia íntegramente mediante impuestos; y desde que la naturaleza fiduciaria (es decir, no convertible) de las monedas hizo que las crisis financieras que muchos Estados soberanos experimentaron ocasionalmente hasta principios de este siglo quedaran sustituidas por episodios inflacionistas rara vez traumáticos (como lo fueron, por ejemplo, las hiperinflaciones alemanas de 1923 y 1948, o como lo está siendo actualmente la rusa). La inevitable tendencia a que en las democracias los partidos políticos, actuando en perjuicio del Estado, intenten favorecer a sus clientelas electorales en materia de impuestos o de gasto (el conocido fenómeno político que los americanos llaman pork barrel) es reconocida por nuestra Constitución, cuyo artículo 134.6 otorga al Gobierno facultad de veto sobre cualquier iniciativa parlamentaria que aumente el déficit.

Las cosas han empezado a cambiar, por fortuna. Así, los jefes de Gobierno de la Unión Europea rea firmaron en Corfú, en junio pasado, la necesidad de reorientar el rumbo de las políticas presupuestarias, evitando que en la nueva fase de crecimiento económico repitamos "los errores del ciclo económico precedente". El cumplimiento de ese propósito se verá favorecido por razones institucionales.

1. La Comunidad ha puesto en marcha el "procedimiento para evitar los déficit presupuestarios excesivos" del artículo 104 C del nuevo tratado. Aunque en la primera foto todavía hemos quedado identificados 10 Estados infractores, cabe prever que la lista de Estados se reduzca pronto, lo que acrecentará el estigma de seguir fichado.

2. El protocolo sobre cohesión económica y social del tratado declara que sólo tendrán acceso al fondo de cohesión los países que, caso de que mantengan déficit. presupuestarios excesivos, tengan al menos programas para su eliminación. Aunque la interpretación no es plenamente compartida, la Comisión Europea considera que el incumplimiento por un Estado de los objetivos presupuestarios anuales fijados en su plan de convergencia le impedirá acceder al fondo.

3. De cara al inicio en 1997 o 1999 de la fase final de la unión económica y monetaria, Alemania, atada jurídicamente por la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe de octubre de 1993, poco ilusionada por la perspectiva de renunciar al marco alemán, se negará, con razón, a integrarse en una misma unión monetaria con países que no mantengan una situación presupuestaria sana: como entre nosotros ya afirmaron hace años Flores de Lemus, Indalecio Prieto,y otros muchos autores, el descontrol presupuestario no es compatible a medio plazo con la estabilidad del tipo de cambio, de los precios y de los mercados financieros.

La aplicación estricta de los criterios de convergencia del tratado en materia presupuestaria tiene, además, lógica política: si para ingresar en la Comunidad siempre se ha requerido a los países candidatos que tengan regímenes democráticos, no es disparatado que para acceder a la fase final de la unión monetaria sus potenciales miembros deban acreditar que son regímenes democráticos financieramente soberanos. Porque un desequilibrio presupuestario estructural, grave y prolongado, lejos de ser una manifestación respetable de soberanía política o de keynesianismo voluntario, trasluce un conflicto latente sobre la distribución de la renta que el sistema político no logra resolver: un déficit presupuestario estructural, grave y prolongado es una manifestación de impotencia política, no de soberanía democrática.

En España podemos constatar, para nuestro sosiego, que nuestro nivel de deuda pública como proporción del PI.B (aproximadamente del 63,41/o a finales de este año) es todavía el cuarto más bajo de la Unión Europea, después de Francia (480/6), Reino Unido (49,7%) y Alemania (52,7%). Pero no debiéramos olvidar que en 1994 nuestro déficit presupuestario (6,7% del PIB), aunque no muy alejado del de Francia o Reino Unido, será desgraciadamente el tercero más alto de la UE, después de Grecia (12,5%) e Italia (9,5%) y quedará nítidamente por encima del de Bélgica, Holanda e Irlanda, países con mucha más deuda viva que nosotros y que hasta hace poco registraban también mayores déficit. También debiéramos saber que nuestro nivel de deuda pública, el ya citado 63,4%, es similar al que tenía Italia en 1982, país que en sólo 12 años ha pasado al 124%.

A la vista de las anteriores reflexiones cobran especial sentido los compromisos asumidos políticamente por el Gobierno español en Bruselas, en octubre pasado, con motivo de la presentación del reciente programa de convergencia. España se comprometió a adoptar cuantas medidas sean. precisas para cumplir los límites de déficit previstos en el programa (comenzando por el 5,9% del PIB en 1995 para el conjunto de las administraciones públicas). Tales medidas de ajuste incluirían, desde luego, recortes de gasto. Además, el Gobierno afirmó que un eventual exceso de ingresos sobre lo previsto en el plan se dedicará a acelerar la reducción del déficit: aunque a muchos les parecen ambiciosos, los objetivos de reducción del déficit previstos en el programa son el mínimo que debemos alcanzar. Felicitémonos de que la mayoría de las fuerzas políticas hayan comprendido la importancia de tales compromisos.