El Constitucional reconoce la competencia catalana y vasca sobre seguridad industrial
El pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno Vasco en sendos conflictos de competencias planteados contra dos decretos de 1988, del Gobierno central, sobre normalización y homologación en materia de seguridad industrial y sobre aparatos de gas.La primera sentencia razona que aunque al Estado corresponde determinar la equivalencia en cuanto a la seguridad industrial y la eficacia de las normas extranjeras, tal actividad "no puede llevarla a cabo mediante certificaciones caso a caso", como pretendía el decreto impugnado por la Generalitat, porque supone "una invasión de las competencias ejecutivas" de la comunidad autónoma catalana.
En cuanto a la impugnación realizada por el Gobierno Vasco, el alto tribunal declara que "la tramitación y resolución de las solicitudes de homologación de aparatos que utilizan gas como combustible son actividades de ejecución reglada en materia de seguridad industrial y su titularidad (...) corresponde en exclusiva dentro de su territorio a la comunidad autónoma" vasca.
