El fiscal confirma las irregularidades en los pagos de la depuradora de Zaragoza

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha remitido al juzgado de instrucción de Zaragoza la documentación que posee para que se instruya sumario por las irregularidades descubiertas en pagos de la empresa depuradora de aguas de la capital aragonesa. El informe de las delegaciones de Hacienda de Barcelona y Zaragoza, las denuncias de la prensa y el interrogatorio de diferentes implicados en la gestión de estos recursos han servido para apreciar "indicios de criminalidad" en la actuación de la adjudicataria del servicio.

La decisión de la fiscalía permitirá aclarar el destino de por lo menos 300 millones de pesetas que la empresa depuradora dijo haber pagado a una industria auxiliar de la construcción de Barcelona y que ésta niega haber recibido.Según reveló EL PAÍS, al menos uno de los talones que se emitieron contra facturas presuntamente libradas por la empresa catalana fue cobrado por el gabinete de asesoramientos ElASA, propiedad del industrial Didac Fabregás, que había realizado los estudios previos para el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el proyecto de tratamiento de aguas residuales en la ciudad.

La fiscalía aprecia un delito continuado de falsedad en documento mercantil, aunque deja para un momento procesal posterior la calificación definitiva de los hechos. La oposición en el Ayuntamiento zaragozano ya ha manifestado su creencia de que tras algunas de estas cantidades desembolsadas por la concesionaria de la depuradora se ocultan pagos ilegales de comisiones.

Ricardo Berdié, portavoz de IU en el consistorio, fuerza política que trasladó el asunto al fiscal manifestó ayer que, tras la iniciativa del ministerio público, el alcalde, el socialista Antonio González Triviño, debe dimitir de forma inmediata "si le queda un mínimo de decencia y de ética política".

IU responsabiliza también de la actitud "insultante" de la cúpula municipal al ahora portavoz del PSOE en esta institución, Emilio Comín. Este concejal descalificó repetidamente a la oposición por su insistencia en aclarar las posibles irregularidades.

El espionaje de Marco

Mientras, las Cortes de Aragón debatieron ayer la iniciativa del presidente regional, el también socialista José Marco, de encargar a una agencia de detectives el examen de una treintena de empresas que se habían beneficiado de subvenciones oficiales en la etapa del anterior Gobierno de coalición, formado por el Par y el PP. La tensión en la comisión institucional fue muy elevada (la oposición califica estas actuaciones como espionaje) y todos los grupos, salvo el socialista, entienden como injustificada esta medida. Tampoco comparten el encargo de realizar un barrido electrónico encomendado por Marco al alcanzar el sillón presidencial.El portavoz del Gobierno trató de explicar que la decisión del presidente se había basado en los datos que tenía sobre la gestión de la sociedad pública de avales Araval, en la anterior etapa de gobierno. La polémica se acentuó cuando los medios de comunicación revelaron que la empresa de investigación contratada para este trabajo era la misma que se había requerido desde el PSOE para examinar las actividades mercantiles de un diputado de la oposición y que después la propia Araval solicitaría sus servicios para facilitar el cobro a los morosos. En estas dos últimas gestiones intervinieron los hermanos Fernando y Ángel Gimeno, el primero diputado y entonces en la cúpula socialista, y el segundo nombrado director de la sociedad de avales tras la llegada de Marco al Gobierno.