Baile de disfraces

La última ronda de declaraciones convocada por el juez Moreiras sobre el asunto Argentia Trust indica una cosa: Mario Conde insiste en que los 600 millones se pagaron a esa sociedad por indicación de su asesor Antonio Navalón en función de las exenciones fiscales obtenidas en 1990 para crear la Corporación Industrial. Otra de las conclusiones es que los abogados del ex presidente de Banesto buscan involucrar al antiguo consejero delegado Juan Belloso. Esta actitud del penalista Antonio González Cuéllar, que estuvo incisivo en el interrogatorio a Belloso el miércoles difiere respecto al hecho de que Conde admitió ante el juez, el 18 de octubre de 1994, que él mismo "ordenó pagar los 600 millones, tras elevar consultas con la comisión ejecutiva de Banesto", dice la transcripción, "y cree que informó de ello al consejo". Conde y sus amigos desearían ver a Belloso querellado como ellos.Moreiras tuvo un apuntador que se coló, entre las cuatro y las cinco y diez minutos de la tarde: el abogado Javier Sainz Moreno, ex pasante de Matías Cortés. Sainz había enviado al juez una carta donde le exponía sus teorías sobre el caso Argentia, a la luz de experiencias del pasado. La chuleta de Sainz se vio cuando Moreiras preguntó a Rafael Pérez Escolar si había participado en un bufete con Matías Cortés.

El hecho es que tras Sainz Moreno vino Enrique Lasarte. Según explicó, los 600 millones se pagaron por unos trabajos encargados a Navalón y éste los facturó a nombre de Argentia. Según Lasarte, esos trabajos se referían a exenciones fiscales y también colocación de acciones de la Corporación. En la transcripción, Lasarte recuerda que Conde le había dicho, una vez que los periódicos comenzaron a publicar noticias sobre el asunto, que le había encargado a Navalón y su socio Diego Selva "una serie de trabajos encaminados a romper (sic) los problemas surgidos con la salida a Bolsa de la Corporación Industrial, la colocación de paquetes y las exenciones fiscales". Pérez Escolar evocó que al preguntarle a Conde por las citadas exenciones, el ex presidente le había dicho de pie, en un pasillo, que el asunto de las exenciones fiscales estaba en manos de un "despacho profesional".

A excepción de Conde, las declaraciones de todos los testigos e inculpados coinciden: el pago de 600 millones no fue informado ni a la ejecutiva ni al consejo de administración. Incluso Arturo Romaní declaró a la Comisión del Congreso que "él se había enterado en ciertos ambientes" del pago. Es decir, no en el consejo ni en la comisión ejecutiva. El acta de ésta no menciona dicho pago. Y además cabe recordar que el pago se realiza con un beneficio (700 millones) que aparece en la instrumental Banesto Industrial, Investments (BII) por diferencia de cambio. Se trata de una cantidad imprevista.

Todo ello coloca en el cuadrilátero de Argentia a Conde versus Navalón. A juzgar por las declaraciones del miércoles, Conde no está dispuesto a cargar con una acusación de apropiación indebida. El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, que estuvo presente en una entrevista a Conde, publicada el 27 de junio, declaró a Moreiras que según le había explicado el ex presidente de Banesto las gestiones de Navalón consistieron en concertar entrevistas con José María Benegas, entonces secretario de Organización del PSOE, y con el presidente del Gobierno, Felipe González, a través de Benegas. La versión de Conde fue la siguiente: "Con el señor Benegas el declarante se entrevistó dos veces para tratar el tema de la constitución de la Corporación o más exactamente para explicarle por qué era un proyecto beneficioso para la economía nacional. También se entrevistó para este mismo fin con el presidente del Gobierno. No recuerda de quién partió la iniciativa para la entrevista del señor Benegas".

Todo esto parece un baile de disfraces. Sobre todo, después de las múltiples declaraciones de Conde. Como dice el poyecto de dictamen de la Comisión Banesto "sobre esta operación [Argentia], su concepto y destinatarios, ha habido por parte del ex presidente de Banesto ambigüedades calculadas e insinuaciones que han arrojado dudas sobre la posible Implicación de partidos políticos e instituciones".