Jueces y policías se acusan de negligencia en el caso de los taxistas asesinados

La polémica entre jueces y policías sobre su actuación con Rachid Mougraf, el presunto asesino de los taxistas, tomó ayer forma de notas oficiales. Para el Decanato de los juzgados de Madrid, cuya titular es Manuela Carmenal la policía "no se preocupó de recoger [de la prisión de Carabanchel] e ingresar" a Rachid Moufrag, de 24 años, en el centro de Internamiento para Extranjeros para expulsarlo, tal y cómo había decretado el juzgado número 7 de instrucción de Madrid. Tampoco comunicó la policía, según esta versión, a este juzgado que lo había detenido.Horas más tarde, fuentes de la Delegación del Gobierno, -cuyo titular, Arsenio Lope Huerta, de 51 años, cesará en breve para incorporarse al grupo Banesto- notificaban que la Jefatura Superior de Policía iba a contestar la nota del Decanato. Lope Huerta había manifestado en una rueda de prensa el día anterior que habría que preguntar a los jueces porqué un hombre con 17 detenciones estaba en libertad. Ayer la respuesta policial llegó acompañada de dos documentos que negaban la versión judicial.

El comunicado del decanato señalaba que la información suministrada por la policía es "inexacta e incorrecta y lamentablemente induce, con gran imprudencia, a atribuir responsabilidades a los jueces intervinientes" en el caso. El Decanato asegura que ha consultado todos los antecedentes de sus registros y que los ha contrastado con los juzgados afectados. Según estos datos, "el día 17 de octubre de 1994, el juzgado de Instrucción 7 acordó el internamiento de Hassan El Hattaf en el centro de extranjeros para que la policía lo expulsara. En ese momento, en el atestado policial no constaba que Hassan El Hattaf fuera Rachid Mugraf. El 26 de octubre de l994", continúa el comunicado , la policía constata que se trata de la misma persona y que con ese último nombre está reclamado por el juzgado 2 de instrucción de Cádiz, por lo que le trasladan desde el centro de extranjeros, donde estaba ingresado, a los calabozos de la sede de los juzgados sin ponerlo en conocimiento del juzgado de Instrucción 7 que había ordenado la expulsión".

Es aquí donde la policía aporta copia de un documento con fecha 26 de octubre en que demuestra que sí se le comunicó al titular del juzgado de instrucción 7 que Rachiz es reclamado por el juzgado gaditano. El otro documento es una comunicación al juez de guardia el 25 de octubre en el que se relata que Hachid había sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

PASA A LA PÁGINA 3

El marroquí acusado de asesinato cumplió condena en Madrid por maltratos en Cádiz

VIENE DE LA PÁGINA 1La policía, además, sostiene con documentos que Rachid fue detenido también por resistencia, que el juzgado de Madrid número 7 decretó su expulsión y que era reclamado por un juzgado gaditano.

La nota del decanato prosigue: "El Juzgado de Instrucción número 34, de guardia ese día, le ingresa en la prisión de Carabanchel y lo pone a disposición" del juzgado gaditano. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Fernando Rodríguez Sanabria, hizo cumplir 10 días de arresto Rachid Moufrag por una falta de malos tratos a su compañera e hijo.

Liberar

"Terminados éstos", prosigue la nota del órgano representativo de los jueces, "la cárcel de Carabanchel lo tuvo que poner en libertad sin que por la policía se cumpliera la orden de internamiento que había dado el juzgado 7, ya que esta no se preocupó de recogerlo e ingresarlo de nuevo una, vez cumplida la pena para que se llevara a cabo la expulsión acordada".

A ello, la policía responde: "En ningún momento las autoridades judiciales pusieron en conocimiento de la brigada referida las causas de la requisitoria de la busca y captura, ni la decisión de ingresarle en prisión así como tampoco la fecha en la que fue puesto en libertad, por lo que difícilmente pudo recogérsele al salir de prisión, al no comunicarse por la autoridad judicial correspondiente la resolución tomada".

El arresto de Rachid se impuso tras un juicio de faltas celebrado en Cádiz el 6 de octubre de 1993 por una agresión que cometió hacia el menor J. J. B., hijo de la mujer con la que convivía en la capital gaditana, L. T. R., de nacionalidad española.

El pequeño sufrió una herida en la cabeza de la que curó sin defectos y sin necesidad de puntos de sutura, conforme figura en el correspondiente parte médico oficial. Según el testimonio de su compañera, que le denunció, Rachid cometió la agresión con una botella con la que golpeó tanto a ella como a su hijo.

El juez manifestó ayer que el juicio de faltas se celebró sin la presencia del acusado por lo que emitió una orden de busca y captura para que cumpliera la pena de 10 días de arresto. Así lo comunicó ayer el juez al Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, era detenido en Madrid por la policía el 26 de octubre de 1994, tras lo cual el juez gaditano ordenó su ingreso en prisión de donde salió el 4 de noviembre.

Para Rodríguez Sanabria la actuación judicial seguida "ha sido escrupulosa" y agregó que "si el marroquí no se hubiera escapado, el arresto lo hubiera cumplido en su propio domicilio". Rachid residía en una vivienda de la calle de Pericón, número 5, de Cádiz, una casa de vecinos del casco antiguo (te la capital en donde habitan personas de un bajo nivel de renta. Ayer la vivienda permanecía cerrada. Una de sus vecinas contó -que la mujer logró rehacer su vida casándose con su primer novio con el que convive junto con tres hijos. Igualmente señaló que Rachid estaba constantemente pegando tanto a su compañera como al pequeño.

Rachid Moufrad, natural de Tetuán, fue puesto ayer mañana a disposición judicial y fue interrogado por el titular del juzgado 27.

Hablan los jueces

Durante el día de ayer dos asociaciones de jueces manifestaron opiniones respecto a la libertad de los condenados. José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia manifestó que el hecho de que el detenido tuviera 17 antecedentes policiales es "absolutamente irrelevante".

La Asociación Profesional de la Magistratura, advirtió que es "perfectamente posible" que una persona que haya cometido pequeños delitos esté en libertad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de noviembre de 1994.