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Editorial:

Juicios terrenales

CUANDO LA Iglesia habla no puede evitar hacerlo desde la pretensión del magisterio universal que se atribuye a cuenta de esa "verdad revelada" de la que se dice depositaria. De ahí que sea tan difícil, a veces, el entendimiento y el diálogo entre las sociedades secularizadas y democráticas y una institución que no renuncia a emitir juicios poco menos que infalibles sobre cuestiones políticas y sociales respecto de las que sólo le cabe hacer, en todo caso, pronunciamientos generales de orden moral. El episodio de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes, sobre la necesidad de un cambio-¿político o ético?- en la sociedad es un buen ejemplo de la ambigüedad que envuelve a los mensajes eclesiásticos- y de las dificultades que plantea. su comprensión. Que el arzobispo Yanes se haya 'visto obligado a aclarar que el cambio al que se refirió era exclusivamente de carácter ético muestra que sus declaraciones fueron cuanto menos confusas. Huelga, por tanto, la extrañeza de los obispos por las severas críticas vertidas contra tales declaraciones en los ámbitos políticos. Si hubo error en esas críticas, el responsable es par cialiñente, el autor de tan confuso mensaje, no sólo el que realizó. las críticas.

A cuenta de ese episodio los obispos, han reivindicado su derecho y el de la Iglesia a la libertad de expresión. Nadie pone en cuestión ese derecho. y la prueba es que lo ejercen plenamente. Pero sin ventajismos, Que el presidente de los obispos se pronuncie a favor de un cambio político, como pareció desprenderse de las primeras declaraciones de Yanes, hubiera supuesto algo más que el mero ejercicio de la libertad de expresión. Hubiera constituido una clara injerencia en los mecanismos constitucionalmente previstos para la renovación democrática del poder. Quizás, por ello, su prudente rectificación.

Como también es difícil considerar sólo como un mero ejercicio de la libertad de expresión los duros juicios vertidos por los obispos contra la última reforma laboral. La condena sin paliativos que hacen de esa re forma, hasta el punto de considerarla "incompatible con la dignidad de la persona y con el respeto de los derechos humanos" es un modo claro y directo de entrometerse en una cuestión de organización social que, en último término, compete al Parlamento. No sólo la iglesia se mete en terrenos que no son los suyos, sino que lo hace con procedimientos inadmisibles. La reforma laboral es, naturalmente, discutible, pero demonizarla o anatematizarla es introducir conceptos religiosos en el debate político. Y ésta no es materia de dogma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de noviembre de 1994